Dictaminó que los datos del órgano bancario no son clasificados, afirma Di Costanzo

El IFAI resolvió que el IPAB divulgue toda la información que posee: PRD

Gracias al fallo será posible conocer la postura de funcionarios en torno a irregularidades denunciadas, asegura el asesor de la bancada perredista en la Cámara de Diputados

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinó que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) debe hacer pública toda la información sobre sus estados financieros, así como en torno a la contratación de despachos que le brindan asesoría jurídica, sus políticas financieras, los nombres de los funcionarios que participaron en la aprobación de la venta y el saneamiento millonario de Serfin y Bancrecer, entre otras operaciones, además de los procesos de compra de créditos a Banamex y Bancomer, incluidos sus intereses moratorios.

Lo anterior, porque dicha información no se considera clasificada. Así, debe hacerse pública en forma íntegra, no de la manera parcial en que el IPAB la divulgó recientemente.

La resolución se deriva de un nuevo recurso que interpuso Mario di Costanzo, asesor económico de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, quien ganó por segunda ocasión un requerimiento para que se le entregaran y se hicieran públicas las actas de las sesiones de la junta de gobierno del IPAB, así como del documento de entrega del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) al organismo que lo sustituye.

Aun cuando en diciembre de 2003 el IFAI ya había emitido una resolución para que el organismo bancario difundiera completa la información, el IPAB sólo incluyó en su página de Internet una breve descripción de las actas, lo que fue considerado "cumplimiento parcial".

Esta vez el IFAI advirtió a la junta de gobierno del IPAB que, en caso de no acatar el fallo, se pedirá a la Secretaría de la Función Pública fincar las responsabilidades que correspondan, con fundamento en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En su resolución, de cinco puntos, la cual fue suscrita desde el primero de junio, el IFAI consideró que toda la información relativa a las atribuciones del IPAB es de carácter público gubernamental y, por tanto, debe incluirse en las versiones públicas elaboradas por este último instituto.

También señala que los puntos del orden del día de las reuniones sostenidas por la junta de gobierno, el nombre de los participantes en dichas sesiones -formen o no parte de dicha junta-, el sentido de sus votos y las decisiones que adoptaron no son consideradas de seguridad nacional ni reservadas, por lo que deben difundirse "sin excepción" y sin que para ello se solicite su consentimiento a los funcionarios involucrados.

Agrega: "Cabe destacar que el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el 29 de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, no establecen como requisito el consentimiento de los servidores públicos que intervinieron en el proceso deliberativo para la entrega de información relacionada" con ellos.

Argumentos sin sustento

De esa manera quedan sin sustento los argumentos esgrimidos por el IPAB de que los asuntos discutidos y analizados por su junta de gobierno no podían hacerse públicos por ser "confidenciales o de seguridad nacional".

Desde diciembre pasado, el IFAI determinó que en el caso de "el acta de entrega del Fobaproa al IPAB, (dicha operación) no puede considerarse como un acto fiduciario (...) y que por ende esté protegido por la Ley de Instituciones de Crédito, por no ser un secreto fiduciario".

En tanto, Di Costanzo expresó que el "trascendente" fallo del IFAI permitirá conocer el proceso de discusión y toma de decisiones en el instituto que tiene a cargo la administración de la gran mayoría de la deuda pública generada por el rescate bancario.

Así, entre otros asuntos, abundó, se podrá acceder a los procesos de discusión para la intervención y venta de Serfin, cuyo costo de saneamiento fue de 120 mil millones de pesos, pero luego el banco fue vendido en sólo 20 mil millones.

También será posible conocer, afirmó, el proceso de discusión para determinar la venta de Bancrecer, cuyo costo para el erario fue de 102 mil millones de pesos, no obstante lo cual se vendió en sólo mil 650 millones de pesos.

Asimismo se sabrá, agregó Di Costanzo, la postura que adoptó la junta de gobierno del IPAB en torno a la revisión de los programas de capitalización y compra de cartera y a las irregularidades que en su momento señaló Fortunato Alvarez, ex contralor interno del IPAB, en relación con la compra de los créditos a Banamex y Bancomer, incluidos los intereses moratorios.

Será posible aclarar si efectivamente el IPAB ha discutido el tema de los bank reports del informe Mackey, documentos que fueron entregados al instituto para utilizarlos en el cumplimiento de su mandato de reducir el costo fiscal del rescate bancario.

Otro punto es el correspondiente a la venta de activos que recibió el IPAB, de los cuales ha recuperado en promedio sólo 13 centavos de cada peso, es decir, únicamente 13 por ciento, dijo Di Costanzo.