Pendientes, 21 recursos más

Resuelve tribunal 17 impugnaciones a comicios en Yucatán

RENATO DAVALOS Y LUIS BOFFIL REPORTERO Y CORRESPONSAL

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los triunfos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los comicios del pasado 16 de mayo, en los municipios yucatecos de Quintana Roo y Tahmek, y confirmó la nulidad de las elecciones en Akil, en el que originalmente el PRI resultó vencedor.

También reintegró al panismo sus victorias en Dzan y Kinchil, al revocar las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado (TEE) ante las impugnaciones interpuestas por el PRI.

Con estas sentencias, inapelables e inatacables, el Partido Acción Nacional (PAN) se posicionó como ganador. El blanquiazul impugnó desde el TEE el resultado de las elecciones en Akil y los magistrados resolvieron anular los comicios.

En el caso de Tahmek, Acción Nacional no consiguió que su impugnación prosperara en el TEE, pero el TEPJF decidió que sí hubo suficientes anomalías para anular los comicios. El PRD consiguió que se revirtiera la victoria priísta en Quintana Roo, el municipio más pequeño de la entidad, donde la planilla de regidores del tricolor ganó por dos votos.

La sesión del TEPJF duró cuatro horas y media, al resolver 73 impugnaciones del ámbito nacional, de las cuales 17 correspondieron a los comicios de Yucatán. En los próximos días, los magistrados deberán sesionar de nuevo para dictaminar sobre los 21 recursos pendientes, entre ellos los resultados de Mérida, que favorecieron al edil electo panista, Manuel Fuentes Alcocer. El día 30 vence el plazo del órgano electoral para emitir sus fallos.

Invalidan el TEE de Guerrero

En la misma sesión, el TEPJF invalidó la conformación actual del Tribunal Electoral de Guerrero, porque dos de sus integrantes, Julio César Hernández Martínez y Raúl Calvo Barrera, recién nombrados en ese órgano electoral por el Congreso local, no cumplen con los requisitos mínimos para el puesto.

Hernández Martínez dijo que los ministros tomaron en cuenta la ley orgánica del Poder Judicial federal y estatal para la designación de los magistrados, pero no la ley especial del Tribunal Electoral del estado.