Miguel Concha

Lucha democrática contra el crimen

De conformidad con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha obligado con sus ciudadanos y con la comunidad mundial, así sea por razones económicas y comerciales, la persecución del delito -incluso el más grave y organizado-, es un asunto de seguridad pública y, por tanto, debe ser siempre confiado a las autoridades civiles.

Jamás debe ser confundido de forma ambigua y confusa con asuntos de seguridad nacional, con el riesgo de seguir resbalando hacia un Estado autoritario, en el que todos, y en primer lugar la integridad de nuestras vidas y libertades, salgamos perjudicados. Como demuestra la experiencia en muchos países del mundo, es un falso debate el contraponer la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, por lo que no deja de ser sintomática, superficial y falsa la referencia negativa de algunos de los organizadores de la marcha de mañana hacia los organismos públicos privados de defensa a los derechos humanos.

La resolución de la corrupción e ineficiencia de las fuerzas policiacas en un Estado democrático, que es al que todos aspiramos, es un problema complejo y multifactorial, que requiere de distintas respuestas particulares, intrínsecamente relacionadas. Se necesita, además, tiempo y continuidad en su aplicación, como lo manifiestan experiencias exitosas en diferentes países.

La ciudad de Porto Alegre, por ejemplo, era la que tenía hace años el mayor índice de criminalidad, inclusive superior al de Río de Janeiro. Luego de la perseverancia de las autoridades de un mismo partido durante tres periodos en soluciones integrales, que tuvieron que ver con la seguridad pública y los órganos de procuración de justicia, lograron abatirla, hasta hacer de ella una de las ciudades más seguras de Brasil. Por lo que la sociedad, que con legitimidad se organiza y manifiesta públicamente para protestar con razón contra el secuestro y el crimen organizado en el país, y sobre todo contra la ineficiencia de las autoridades, debe reflexionar con serenidad sobre las soluciones reales que necesita, sin escabullir la parte de responsabilidad que le corresponde.

Las medidas simplistas y las acciones de protesta distorsionadas, dictadas más bien por la desesperación, la rabia y el coraje justificados, o, peor aún, aprovechadas por la manipulación oportunista y deshonesta, no son siempre las más eficaces, y su aplicación unilateral puede conducir a resultados que no deseamos. Por ello, las 10 propuestas específicas formuladas por el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde), dictadas con responsabilidad y conocimiento de causa, y teniendo en cuenta el papel de la sociedad civil en un estado de derecho, nos parecen las más acertadas.

Insyde propone literalmente, entre otras cosas, involucrar de manera organizada y corresponsable al menos a las autoridades de la ciudad, el sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad civil en una campaña intensa, masiva e integral de fomento a la cultura de la legalidad; y medir, controlar y evaluar los resultados concretos y diarios del desempeño de las instituciones, para superar la falsa disyuntiva entre la eficacia en la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos. Propone igualmente superar el espejismo del endurecimiento penal, y dirigir la presión social hacia la eficacia de las autoridades, mediante la creación de informes mensuales de resultados accesibles y presentados a todo público. Demanda igualmente reintegrar la policía preventiva a la sociedad, mediante la adopción prioritaria de programas comunitarios de policía y prevención del delito por parte de las policías uniformadas, e incrementar la calidad de su desempeño, mediante la creación de monitores independientes especializados.

Pide además la implantación de indicadores cuantitativos (número de remisiones) y cualitativos (confianza ciudadana) públicos de evaluación del desempeño de las policías, y la creación de un ombudsman de la policía para proteger a quienes desarrollan eficientemente sus funciones. Demanda vencer por medio de campañas de información sobre sus efectos en contra de la propia sociedad, y sobre la existencia de propuestas democráticas exitosas contra la inseguridad, la inercia de los ciudadanos hacia la tolerancia y exigencia de medidas autoritarias, propuestas irresponsablemente. Me adhiero también con toda convicción a la propuesta de someter a revisión los criterios de reserva de información con respecto a la seguridad pública, para no impedir el escrutinio legítimo por parte de los ciudadanos.