Gonzalo Martínez Corbalá

La legitimidad internacional

"Los problemas del siglo xxi requieren cooperación internacional. La administración de Bush mantiene que opera multilateralmente, y hasta cierto punto es verdad, el problema es que no emplean el multilateralismo desde el principio, y cuando lo necesitan, como ha sucedido con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Irak, ya es tarde, porque al no haber recurrido a ella ha perdido parte de la autoridad que tenía", dijo la señora Madeleine Albright en Madrid, adonde acudió a presentar su libro Memorias (Planeta), y de esta manera, quien fue también embajadora de Estados Unidos ante la ONU, pone sobre el tapete de las discusiones la pérdida de autoridad por la vía de la violación de la legalidad, expresada en este caso por la Carta de las Naciones Unidas, y el deterioro de la legitimidad que conlleva el menoscabo de la autoridad.

Conviene ahora repasar los conceptos que definen puntualmente la legitimidad de la dominación establecidos por Max Weber en su obra Economía y sociedad, en la que analiza las relaciones entre dominantes y dominados, que trasciende la sola constelación de intereses o de consideraciones utilitarias, de ventajas e inconvenientes por parte del que obedece, y establece un marco de referencia de carácter jurídico, esto es, en un régimen de derecho en el que se obedece no solamente a la persona del mandatario, sino también a la regla estatuida, la cual determina a quién, y en qué medida se debe obedecer en actos de poder, en el que quien ordena obedece, al emitir una orden a una ley superior, o por lo menos a un reglamento.

La estructura moderna de la dominación legal corresponde claramente a la del Estado y sus instituciones, y en el siglo xxi particularmente también la relación plural de varios o de muchos estados, en la que por efecto de la dinámica de los acontecimientos debería regirse estrictamente por un estatuto que constituyera la norma invariable, de la acción política y militar de todos los estados, que se observara invariablemente, y no cuando la oportunidad determinara la conveniencia de hacerlo con carácter circunstancial. Otros tipos de actos de dominio basados en relaciones sociales de tipo carismático, burocrático, o patriarcal, son ya inadmisibles en esta centuria.

La forma de legitimidad que corresponde a las necesidades políticas ingentes en el escenario internacional, es la que se funda en la legalidad, que no es otra cosa que la obediencia o el respeto a preceptos jurídicos estatuidos, en este caso, desde la fundación de la ONU, que se esfuerza por integrar una comunidad internacional inspirada en la aceptación expresa e invariable de los partícipes de constituir un todo, en el que se compartan finalidades e intereses comunes, como podría ser, en primerísimo lugar, la determinación de lograr la paz mundial, por medios convenidos y aceptados universalmente.

El viejo continente, donde por siglos se respetaron otras formas de legitimidad en el ejercicio del poder como la tradicional y la religiosa, da ejemplo al mundo en la adaptación y en la búsqueda de nuevas formas de legalidad y de fuentes de legitimidad en el reparto del poder -pudiéramos decir, en este caso, regional- integrando a la Unión Europea (UE) en el contexto de una constitución que rige a los 25 países que la conforman en un marco legal que si bien deben ratificar en un proceso largo y complejo, el 19 de junio en Bruselas dio un paso largo de carácter histórico hacia la integración política, al dar a luz una primera constitución que habrá de regir para 455 millones de habitantes de 25 países diversos en cuanto a lengua, raza y a regímenes políticos que van desde la democracia pura hasta las monarquías parlamentarias, y que si por una parte varios de ellos comparten largos periodos históricos, por la otra se han individualizado al punto de haber sostenido conflictos bélicos de gran trascendencia, como la Primera Guerra Mundial, que es cierto que involucró a otras potencias, pero que se originó en Europa, y luego la Segunda conflagracion, que fue también iniciada con la invasión de Hitler a Polonia y que muy pronto se extendió a todo el continente, y finalmente a la Unión Soviética, a Japón y Estados Unidos, y que si bien ambas se conocen como guerras mundiales, se originaron en la rivalidad económico-política de los países europeos, los mismos que ahora encuentran un camino constitucional que da legitimidad al reparto del poder de una manera ejemplar.

En América Latina no somos tan afortunados. El sueño de Bolívar, de integrar una nación de naciones, se ve cada día más lejano y más utópico. Hay varios países del continente americano que tienen graves problemas políticos que, como siempre, son consecuencia de otros de índole económica, que como decía ese admirable cubano de ágil y agudo pensamiento y de fina ironía Carlos Rafael Rodríguez: "siempre sucede igual cuando pasa lo mismo", las riquezas naturales, y en la actualidad muy especialmente de entre ellas el petróleo y el gas, como es el caso de Perú y Bolivia, son fuente de graves conflictos que se originan en la codicia y en la apetencia de los grandes países industrializados de la región, voraces consumidores de energéticos fósiles, cuya disponibilidad inmediata no se da fácilmente en ninguna parte del planeta, sobre todo ahora mismo con los conflictos armados y el terrorismo en su apogeo en Medio Oriente y el Golfo Pérsico.

Pero no todos los latinoamericanos tenemos conflictos derivados de la Ƒfortuna? de poseer en nuestro subsuelo energéticos fósiles. Hay otros, como Cuba, país tan cercano a México en la geografía y en la historia. Hacemos votos por que la compleja relación diplomática de nuestra patria con la isla mayor del Caribe, en la entrada misma del Golfo de México, se normalice completamente y se cumpla así con la voluntad de ambos pueblos, de tener una fraterna relación que se desarrolle con toda normalidad y en el máximo nivel posible, y que también en el Caribe, como en toda la región latinoamericana sean una realidad la paz social y el desarrollo económico, y que sean los propios pueblos de nuestra América los que determinen su destino, en el ejercicio más elemental de la soberanía nacional, que es -volviendo al tema central de este artículo- el fortalecimiento del sistema internacional de derecho, como fuente primaria y fundamental de la legitimidad de todos los gobiernos de la región, sin excepción alguna.