Devuelve el caso a tribunal colegiado en materia penal

Rechaza la Corte conocer de amparo a Benjamín Arellano

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación eludió ayer pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se limitó a devolver a un tribunal colegiado la demanda de amparo interpuesta por Benjamín Arellano Félix en contra de diversos artículos de dicha normatividad.

Conscientes de que se trata de un asunto de Estado en contra de un delincuente sumamente peligroso, los ministros de la primera sala de la Corte optaron por no entrar al fondo del asunto -se planteaba la ilegalidad de los artículos 1, 2 fracción II, así como el 194, fracciones I y II del Código Penal Federal-, a pesar de que Arellano se quejó de que no le son aplicables todas las conductas que dichos numerales prevén.

Los artículos impugnados se refieren a las reglas para investigar, perseguir, procesar, sancionar y ejecutar las penas contra alguien inmerso en la delincuencia organizada -basta que tres personas se organicen para delinquir-, en lo que se refiere al "acopio y tráfico de armas"; en tanto que el artículo impugnado del Código Penal establece una prisión de 10 a 25 años y de 100 a 500 días de multa al que trafique drogas, introduzca narcóticos, colabore con recursos al narcotráfico o haga propaganda de estos ilícitos.

En ésta, como en otras ocasiones, la Suprema Corte ha evitado pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada -aunque se sabe que la mayoría de los ministros, en privado, consideran dicha norma como inconstitucional, pero necesaria para combatir la delincuencia-, y en el presente caso decidió devolver el asunto a un tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, para que sea éste el que resuelva si procede el amparo de Arellano interpuesto en contra de las leyes referidas

Por otra parte, Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos de la familia que encabeza el cártel de Tijuana -preso en el penal de La Palma, estado de México, desde 1993-, buscará frenar su extradición a Estados Unidos mediante una demanda de amparo contra la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), bajo el argumento jurídico de que la cancillería habría violado en su perjuicio el tratado de extradición entre México y el vecino país, informó ayer en entrevista Américo Delgado, abogado del narcotraficante.

El litigante precisó que el recurso lo interpondrá la próxima semana en la oficialía de partes del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, en el Distrito Federal.

Adelantó el abogado que uno de los actos reclamados que hará valer en la demanda de garantías tiene que ver con el hecho de que la SRE violó el tratado de extradición, porque el pasado 4 de junio avaló el envío del narcotraficante a Estados Unidos, a pesar de que el delito por el cual es requerido ya prescribió.

Puntualizó que la mencionada norma bilateral indica que una extradición no procede cuando ha prescrito el acto ilícito por el que se solicita el envío de un presunto delincuente.

El abogado refirió que la causa penal estadunidense (en la que se basa el pedido de extradición) es por hechos ocurridos el 6 de agosto de 1980, cuando un agente encubierto denunció que Arellano había sido sorprendido con 205 gramos de clorhidrato de cocaína, de los cuales, según los dictámenes estadunidenses, eran sólo 67 gramos puros del producto.

Como se recordará, el juzgado quinto de distrito de Toluca determinó desde el 22 de abril que Arellano es extraditable y remitió su expediente a la SRE para que decidiera si concedía su entrega a la Corte federal del distrito sur de San Diego, en California. La cancillería avaló la extradición la semana pasada.