Señalan la necesidad de regular la venta de terrenos ejidales y comunales

Las cifras oficiales de acaparamiento de tierras no son confiables: expertos

Advierten sobre los efectos negativos de las reformas al artículo 27 constitucional

MATILDE PEREZ U.

A 12 años de la reforma al artículo 27 constitucional y leyes secundarias, la visión gubernamental y campesina siguen distantes. En el ciclo de mesas redondas El México agrario del siglo XXI, representantes del sector gubernamental aseguraron que sólo algunos aspectos del marco jurídico deben adecuarse y advirtieron que la Ley Agraria no es la panacea para el desarrollo.

Con la representación de las 12 organizaciones del Congreso Agrario Permanente, José Durán Vera, dirigente de la Unión Democrática Campesina, apuntó que no existe una evaluación objetiva del impacto del cambio agrario, ya que el gobierno se ha negado sistemáticamente a realizarlo conjuntamente con los campesinos organizados.

A los académicos les aclaró que no se puede hacer una valoración con las cifras del gobierno, porque éstas no comprenden las compras que, mediante presiones, han realizado grupos de narcotraficantes en diversos estados del país, ni tampoco la corrupción que prevalece en los tribunales agrarios, que ha derivado en la compraventa ilegal y acaparamiento de la tierra.

Al iniciar, en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), el ciclo de las tres mesas redondas que organizaron la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los investigadores de la UACh y de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, destacaron que no se ha cumplido el beneficio prometido al campesinado.

La certificación y titulación de la propiedad social (ejidos y comunidades) mediante el Procede "no mejora genéticamente las plantas ni termina con las sequías ni hace abundante el financiamiento", dijo Héctor Robles Berlanga, investigador de la UAM.

A los representantes del gobierno federal les recordó que los ejidos son los garantes de la soberanía nacional, que el campo es imprescindible para el desarrollo sustentable del país y que deben reconocer la diversidad de los actores rurales, quienes requieren una multiplicidad de tipos de reforma agraria.

En su balance en torno a la situación agraria de la propiedad social, Robles Berlanga mencionó que a la fecha se han vendido 80 millones de hectáreas, han desaparecido más de 5 mil ejidos y 200 mil indígenas son propietarios privados, pero la justicia no tiene términos de referencia claros respecto a la autonomía del sector.

Además, añadió, las autoridades continúan cometiendo errores al decir que la propiedad privada es más eficiente que los ejidos. "Eso no corresponde a la realidad, pues en ambos se cultiva 80 por ciento de la producción de maíz y frijol; sólo 3 por ciento de ambos tipos de propiedad son tierras de riego y en ellas predominan las superficies de monte y agostadero".

Juan Carlos Pérez Castañeda y Jesús Morett Sánchez, investigadores de la UACh, sugirieron que se norme la venta de terrenos ejidales y comunales en las regiones turísticas y cercanas a los centros de desarrollo urbanos; que se actúe para establecer un mercado equilibrado de terrenos; que se haga uso efectivo de las tierras ociosas y se prohíba fraccionar las parcelas con una superficie máxima de 5 hectáreas.

Los tres investigadores insistieron en que los títulos de propiedad no terminan con la pobreza rural ni llevan los créditos y apoyos técnicos requeridos por los campesinos. El gobierno, acotaron, debe generar una política económica sustentable y considerar en ella a los propietarios de la tierra.

Antes, el director del Registro Nacional Agrario (RAN), Abelardo Escobar Prieto, mencionó que mientras no haya seguridad jurídica en la tenencia de la tierra será difícil que al campo lleguen "cuantiosas inversiones".

Para ejemplificar la importancia del Procede comentó que el ejido Venta Prieta, de Pachuca, Hidalgo, aceptó el programa y logró que el desarrollo de la plaza comercial de la zona, con grandes almacenes y hoteles de cinco estrellas, sea de su propiedad; ejidos del municipio Benito Juárez, Quintana Roo, tienen un desarrollo inmobiliario y en Huixquilucan, estado de México, el ejido colindante con Interlomas tiene un desarrollo urbano. "Sí, son pocos los proyectos, pero la reforma agraria ha logrado avances", sostuvo.

Consideró que el debate en torno a la reforma agraria debe centrarse en si el marco normativo es suficientemente moderno y dinámico para atraer el desarrollo. Planteó que habría que revisar los mecanismos de promoción y apoyo para que los campesinos dejen de emigrar.

El subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto Hershberger Reyes, destacó que los cambios al artículo 27 constitucional y leyes secundarias no serán la panacea para lograr el desarrollo campesino. Agregó que deben considerarse los dos escenarios que hay en el agro: el sector pujante y creciente, y el social, que sigue en la pobreza. "Las mejoras requieren llegar a ese México profundo", expresó.

Al acto de apertura asistieron el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y el coordinador de los diputados del PRI, Emilio Chuayfett.