Adolfo Sánchez Rebolledo

La ley y el absurdo

La política del absurdo invade todas las esferas de la vida pública. La solemnidad asfixiante de los rituales del pasado se esfuma para dar paso al permanente humor involuntario de nuestros políticos, cuyo despegue de la realidad parece definitivo. ƑAlguien cree, en serio, que "la señora Marta" no se anda candidateando como asegura su señor marido, el señor Presidente de la República? ƑSerá cierto que Murat fingió un atentado contra su persona disparando desde adentro de la camioneta en que viajaba? ƑHay o no un complot para impedir a López Obrador ser candidato a la Presidencia? Estas y otras preguntas debían responderse con facilidad y precisión, sin dejar el más mínimo resquicio a la especulación chocarrera y destructiva. Pero no es así, pues en ese desfase entre la apariencia y la realidad se nutre el juego del poder, muy activo bajo las trivialidades y las miserias de todos los días.

La razón es una obviedad: carecemos de un verdadero sistema de procuración de justicia por encima de los intereses y las ambiciones de los que mandan, como se dice, imponiendo su ley. La ausencia de los antiguos controles del presidencialismo no implica mágicamente que se haya producido la transmutación del Ministerio Público y el Poder Judicial, su conversión en instituciones ajenas al influjo de presiones, líneas y consignas. Más bien, las evidencias apuntan en sentido contrario, a pesar de los golpes de pecho que se dan a sí mismos los involucrados.

Sin embargo, cuando el Presidente y otros gobernantes se dicen respetuosos del Estado de derecho actúan como si, en efecto, las procuradurías ya fueran instituciones autónomas e incorruptibles, alejadas de toda sospecha. Pero el problema es que aún no lo son, pues para ello haría falta, entre otras cosas, una reforma que estableciera, dando un primer paso, la plena separación del Ministerio Público respecto del Ejecutivo, como han señalado numerosos juristas. Pero en el mundo imaginario de la política nacional nada de eso cuenta mientras sea factible instrumentalizar el alcance de la justicia para vencer a los adversarios. Incluso el clamor de la sociedad civil contra la inseguridad y la corrupción -ambos males execrables- pasa a ser un arma arrojadiza contra los adversarios del momento, una llamada de orden vestida de blanco para alcanzar objetivos de poder. Se piensa en la ley como el momento coercitivo, jamás como instrumento para prevenir o resolver conflictos. La ley es en esa visión un cuerpo represivo, jamás el juez que sabiamente decide con los ojos y oídos vendados.

El modo en que se aplica o no la ley se convierte en una extensión de discurso político, en un componente elemental del mensaje que los gobernantes desean enviar a la comunidad. La reacción brutal de las autoridades jaliscienses contra algunos manifestantes, entre los cuales se habían infiltrado ciertos provocadores violentos, pone al día temas que parecían superados por la historia sobre la libertad, la legalidad y los derechos humanos, pero actualiza, sobre todo, la noción de mano dura que da sentido a las actitudes más profundas de la derecha.

Los detenidos fueron tratados como si fueran un peligro real para sus captores: "... los acostaron sobre el piso, con las manos en la nuca, apoyados con los codos y piernas cruzadas por espacio de varias horas; a las mujeres se les desnudó y las obligaron a hacer sentadillas, además de que se les amenazó con violarlas. Los golpearon en diversas partes del cuerpo; los amenazaron con tirarlos en la barranca; les tiraron del pelo; cuando iban al baño los golpearon y se les obligó a lavarse las manos con los orines del excusado, entre otros", relata la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco.

ƑDónde está el cambio en la conducta de los órganos de seguridad? Hace falta mucho más que decisión y voluntad de reprimir para hacer valer el derecho, pero en este camino aún nos falta el trecho más largo y difícil: construir una cultura democrática sustentada sobre los pilares de una sociedad menos polarizada, contrastante y desigual.