Negó a los abogados asistencia a interrogatorio de testigo

Decisión de EU retrasa el proceso contra generales Quirós y Acosta

JESUS ARANDA

La negativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que los abogados defensores de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro -acusados de asesinar al menos a 18 campesinos en Guerrero durante la llamada guerra sucia- estén presentes en las diligencias en que se interrogue al testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) Gustavo Tarín Chávez, ha retrasado el desahogo de pruebas en el juicio que se le sigue a los militares por homicidio calificado.

Tarín Chávez no sólo ha participado como testigo protegido en el caso de los generales -como ocurrió también en la primera acusación, que derivó en su culpabilidad por narcotráfico-, sino también en diferentes procesos penales, entre los que destacan el llamado maxiproceso y la posterior detención del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid.

Sin embargo, llama la atención que en todos los juicios en que ha declarado ante la PGR Tarín lo ha hecho mediante declaraciones testimoniales rendidas ante el consulado de México en San Antonio, Texas (a finales de 1999 y principios de 2002).

Según el expediente de la causa 152/2003 que se sigue en contra de Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), por el delito de homicidio calificado, resulta que el testigo protegido de la PGR se encuentra en Estados Unidos bajo la protección y custodia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Justicia estadunidense.

La defensa está interesada en desvirtuar la declaración del testigo, quien afirmó que, siendo coronel Quirós Hermosillo y capitán primero Acosta Chaparro, tenían durante la guerra sucia autorización para utilizar la aeronave Aravá, desde la cual tiraban al mar a campesinos acusados de simpatizar con la guerrilla de Lucio Cabañas.

Para tal efecto se inició el procedimiento correspondiente y la Procuraduría Militar logró, por medio de la PGR, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos accediera a presentar al testigo en ese país, y aceptó inicialmente que participaran los abogados defensores de los procesados y los representantes de la fiscalía militar.

Después, la PGR le informó al juez militar que la diligencia sería el 4 de marzo pasado; posteriormente la fecha se aplazó para el 26 del mismo mes. Sin embargo, la PGR notificó al juzgador, en el oficio DGEAJ/0914/04, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le notificó vía telefónica que "no está de acuerdo en que estén presentes representantes de la defensa de los acusados" durante la declaración del testigo, porque "se considera que estas precauciones son necesarias para proteger su seguridad", aunque sí permitía la presencia de la PGJM.

El juez militar aceptó la decisión, lo que fue criticado por la defensa de los acusados, al afirmar que la Constitución prevé que en cualquier causa penal el inculpado tiene derecho "a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso", mientras que el tratado entre México y Estados Unidos prevé que la parte requerida "deberá de autorizar la presencia en la diligencia ministerial de aquellas personas que se hubieren señalado por la autoridad coordinadora de la parte requirente en su solicitud".