Caso de comerciante que falleció durante un operativo

Auto de formal prisión a siete agentes de la AFI

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Los siete elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) acusados de haber asesinado al comerciante Manuel Zárate Villarruel, durante un operativo antipiratería efectuado el pasado fin de semana en el mercado de Sonora, recibieron ayer el auto de formal prisión de parte del juez décimo de distrito en materia penal, Lázaro Franco Robles Espinoza.

Ninguno tiene derecho a la libertad bajo fianza, por lo que enfrentarán en prisión dos procesos: uno por el delito de homicidio calificado y otro por el de abuso de autoridad, ambos considerados graves por el Código Penal Federal.

La determinación les fue notificada (por la mañana) a los ahora procesados durante una diligencia que tuvo como contexto un operativo de vigilancia ordenado por el propio impartidor de justicia, con la finalidad de que ningún reportero o persona ajena al caso pudiera ingresar al juzgado, a pesar de que la Constitución establece que todas las audiencias deben ser públicas.

Inclusive, como si se tratara de ocultar algo, ayer los elementos de seguridad del Poder Judicial federal ni siquiera dejaron pasar a los comunicadores al patio central del área de juzgados federales del Reclusorio Oriente, donde comúnmente se realizan las entrevistas a los abogados o a personas que enfrentan algún proceso en libertad.

En tanto, cerca de 50 integrantes del Frente Popular Francisco Villa, así como familiares y compañeros del ahora occiso, realizaron un mitin afuera del Reclusorio Oriente, para exigir al juez Robles Espinoza que "aplique todo el peso de la ley" a los "asesinos con charola".

Los manifestantes se reunieron alrededor de un féretro abollado y mediante un equipo de sonido dieron inicio a lo que denominaron "mitin informativo". Mientras esperaban la salida de una comisión de personas que entraron al juzgado para conocer la determinación del impartidor de justicia, los inconformes continuaron afuera con sus exigencias, al tiempo que gritaban: "Manolo no murió, la AFI lo mató".

Cerca de las ocho horas, con la presencia de abogados y familiares de los procesados, así como funcionarios del juzgado décimo de distrito, Germán Valle Gutiérrez, Paulo César Mendoza Martínez, Eddy Edmundo Pérez de Viana, Jorge Cervantes Ramírez, Miguel Martínez Ornelas, Rogelio Velasco Hernández y Ricardo Riande Santiago -todos ellos elementos de la AFI- escucharon desde la rejilla de prácticas la determinación del juez Robles Espinoza.

Según fuentes consultadas presentes en la diligencia, un secretario de acuerdos leyó el resolutivo del juzgador, quien consideró que el Ministerio Público Federal logró acreditar los elementos de prueba suficientes para considerar a los siete como probables responsables de los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

Sin embargo, el juez exoneró a Riande Santiago -el único de los siete que enfrentaba un tercer cargo penal- de cualquier responsabilidad en el delito de robo.

Por su parte, al salir del área de juzgados federales, Francisco Castañeda, abogado de los ahora procesados, informó que apelará ante un tribunal colegiado la determinación del juez. El litigante indicó que demostrará que no hay un "nexo causal" entre los golpes que agentes federales propinaron al comerciante -según él, quienes lo golpearon no fueron los mismos que desde ayer enfrentan dos procesos penales- y la posterior muerte de éste. Agregó que según la autopsia, el comerciante falleció por broncoaspiración de su vómito generada porque estaba ebrio y había ingerido cocaína.

Por la tarde, el juzgado décimo de distrito confirmó (a los medios) el auto de formal prisión contra los agentes federales, mediante una tarjeta informativa difundida por el departamento de comunicación social.