Se pretende ablandar los movimientos sociales, dicen

Exigen legisladores cesar acoso contra estudiantes de Amilcingo

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Catorce legisladores suscribieron una carta dirigida a los gobiernos federal y de Morelos en demanda de que cese la represión contra alumnas de la Normal Rural de Amilcingo que tienen órdenes de aprehensión y se les impusieron fianzas de 322 mil pesos a cada una por haber participado en una movilización hace dos años.

El diputado perredista Juan Pérez Medina consideró que la intención del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, es "ablandar" el movimiento estudiantil como un primer paso para cerrar el internado de la escuela, tal como sucedió el año pasado en las normales de Hidalgo y Chiapas.

A las alumnas Claudia Sosa García, Daysi Campos Romero, Verónica Barrera Romero y Liliana Silva Castañeda se les giró orden de aprehensión por participar en una manifestación en mayo de 2002, y que consistió en permitir el paso libre a los vehículos por una de las casetas de cobro de la autopista México-Cuernavaca.

Hace dos años, decenas de alumnas (la escuela es femenina) y pobladores de Amilcingo, Morelos, realizaron esta movilización en demanda de que el gobierno de Morelos otorgara becas a las estudiantes de nuevo ingreso, ya que se pretendía reducir en más 50 por ciento la matrícula, que en la actualidad es de unas 250 alumnas.

Los 13 diputados federales y una senadora explicaron que la decisión positiva del gobierno de Morelos puede permitir a las jóvenes concluir sus estudios, ya que son alumnas del último semestre de la carrera.

Exigieron al gobierno federal y en particular al secretario de Gobernación, Santiago Creel, que abandone este tipo de políticas represivas como método para resolver los conflictos sociales, y que cese la estrategia para destruir la escuela pública, sobre todo a las normales rurales del país.

Por ello, pidieron el sobreseimiento de la acción penal en contra de las tres estudiantes de Amilcingo y de otros tres de Guerrero.

Medina indicó en entrevista que la sanción es "excesiva" y que el gobierno estatal ofreció a las jóvenes préstamos de 160 mil pesos para que pagaran la fianza, pero a cambio de que dieran una garantía, como las escrituras de un inmueble.

Los legisladores expresaron su preocupación por cómo el gobierno del presidente Vicente Fox ha pretendido resolver los conflictos de carácter social y político que han venido ocurriendo en el país.

Esta política mantiene a cientos de luchadores sociales sometidos a proceso y bajo caución o encarcelados injustamente, afirmaron los diputados perredistas, entre los que se encuentra el presidente de la Comisión de Educación, Salvador Martínez Della Roca.