La negativa de desaparecer los poderes en Unión Hidalgo privilegia la impunidad

El Congreso de Oaxaca, cómplice de los crímenes de priístas: CCU

ROSA ROJAS

El Concejo Ciudadano Unidalguense (CCU) señaló que la negativa del Congreso de Oaxaca a desaparecer los poderes municipales en Unión Hidalgo, a pesar del ambiente de violencia que persiste en la región, los asesinatos cometidos por policías municipales, la ingobernabilidad, "además de los evidentes signos de corrupción del ayuntamiento priísta", demuestra que "se privilegia la impunidad y se solapa a un cacicazgo del Revolucionario Institucional en previsión de un posible resultado adverso en la próxima contienda electoral".

La organización consideró "totalmente infundado y fuera de toda lógica jurídica" el argumento del presidente del Congreso local, Juan Díaz Pimentel, de que no se acreditó la personalidad de los solicitantes de desaparecer los poderes, ya que "de acuerdo con la ley municipal, diputados y ciudadanos tenemos derecho a presentar nuestras peticiones ante el Congreso".

En un comunicado conjunto con el Consejo de Ancianos y Ancianas de Unión Hidalgo, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón y el sindicato de trabajadores al servicio de los tres poderes del estado de Oaxaca, el CCU anunció que a partir de esta fecha y en coordinación con otras organizaciones regionales, nacionales e internacionales, continuará una campaña de denuncia "de las violaciones a nuestros derechos humanos y de la impunidad que impera en la entidad por parte del gobierno encabezado por José Murat.

"Ante las aberrantes decisiones de la Cámara de Diputados local y la falta de justicia en nuestra comunidad, apelaremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados federal, así como a organismos internacionales, como el Parlamento Europeo, en los que se tienen ya previstas conferencias relativas al tema", añadió.

Informó que se mantendrá el plantón que realizan -desde hace más de un año- frente al palacio municipal, mientras persistan "la impunidad, la injusticia y la corrupción en el municipio de Unión Hidalgo".

Dicho plantón se instaló "como resguardo simbólico del palacio municipal, del que el 13 de febrero de 2003, a raíz del asesinato de Manuel Salinas Santiago, a manos de la policía municipal, fuera desalojado a pedradas el edil corrupto y asesino, Armando Sánchez Ruiz, que hasta ahora continúa siendo solapado por el gobierno de José Murat Casab".

Mencionó que además del crimen impune de Salinas Santiago el 13 de febrero de 2003, en el que también fueron heridas 10 personas del CCU, en noviembre "fue asesinado por otro policía municipal" el ciudadano Pablo Alonso López, y más recientemente, el 10 de abril de 2004, fue ejecutado el integrante del CCU Manuel Posada Chévez, "también a manos de otro agente municipal. El homicidio continúa en la más flagrante impunidad, a pesar del extrañamiento y múltiples llamados de organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que constantemente y desde diversas partes del mundo exigen justicia al gobierno de José Murat".

Subrayó que a pesar de lo anterior, "el Congreso local, de mayoría priísta, declaró improcedente la desaparición de poderes en el municipio de Unión Hidalgo, archivando el expediente 249 que desde hace más de un año, en febrero de 2003, fue presentado de manera legal y pacífica por ciudadanos del municipio, siendo que dicha petición también contó con la firma del diputado Carlos Sánchez López, quien fue asesinado el 17 de agosto de 2003, en un crimen que tampoco fue aclarado por el gobierno"