La fiscal especial López Urbina presenta informe sobre 50 expedientes analizados

Indagarán posible negligencia de 81 funcionarios en el caso Juárez

Explicar qué se hará "para que no haya una muerta más", exige Soberanes a la funcionaria

GUSTAVO CASTILLO Y RENATO DAVALOS

Aunque existen líneas de investigación abiertas sobre pornografía, trata de blancas, asesinatos seriales y narcotráfico en torno a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, el primer informe de labores de la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso no arrojó resultados al respecto, pues el análisis de 50 de los 271 expedientes no han aportado elementos en ese sentido.

Sin embargo, se anunció que el Ministerio Público Federal solicitó a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua que ejercite acción penal contra 81 servidores públicos que actuaron de manera negligente en las investigaciones realizadas desde 1993.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, afirmó que en principio el informe rendido "fue un catálogo de buenas intenciones", y agregó que leería los documentos para dar una opinión fundada, aunque señaló haber escuchado "una serie de buenos propósitos", cuando lo que se necesita es saber "cómo le van a hacer para que no haya una muerta más".

El ombudsman opinó que no existe un plan de trabajo coordinado de la fiscalía especial y la comisionada del Ejecutivo. "Como dijo El Quijote, vemos duelos y quebrantos (sic). Nada más".

"Graves deficiencias"

La fiscal especial María López Urbina informó que a cuatro meses de haber iniciado su labor se ha podido localizar a cuatro mujeres reportadas como desaparecidas, y "en este primer grupo de juicios analizados (21), no existen indicios de crímenes seriales entre sí, y responden básicamente a motivaciones de violencia intrafamiliar y social que afecta sistemáticamente a las mujeres de Juárez".

Agregó que en el informe de los 50 primeros expedientes analizados se ha determinado que los crímenes fueron cometidos por "personas afectadas de sus facultades mentales en contra de sus familiares", y señaló que los asesinatos fueron desde "homicidios culposos" hasta un "caso de robo simple y otro de encubrimiento a propósito de un homicidio imprudencial".

Sin embargo, puntualizó que en el análisis de 29 averiguaciones previas (de los 51 expedientes 21 son juicios concluidos) se detectaron "graves deficiencias en la integración y el manejo de la investigación misma, es decir, inactividad notoria y negligencia de los agentes del Ministerio Público y peritos, lo que condujo a la pérdida de evidencias al no proteger adecuadamente la escena del crimen".

Además hubo problemas de validez y confiabilidad en los dictámenes periciales y falta de interrogatorios a "testigos fundamentales". Así, la fiscalía especial dio vista a la procuraduría estatal para que "analice las posibles responsabilidades administrativas y penales en que pudieron haber incurrido 81 servidores públicos de dicha institución, siete fiscales, 20 agentes del Ministerio Público, 10 subagentes del Ministerio Público, un subjefe de oficina de averiguaciones previas, dos jefes de oficina y procesos conciliatorios, 24 agentes judiciales y 17 peritos".

La acusación que podrían enfrentar sería abuso de autoridad, delito que se castiga con ocho años de prisión. El gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, aseguró que se actuará contra dichos funcionarios.

Durante el acto realizado en la residencia oficial de Los Pinos, Guadalupe Morfín Otero, comisionada del Poder Ejecutivo para Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, también rindió su informe de labores y advirtió que el fenómeno de los feminicidios "ha comenzado a ocurrir" en la capital de Chihuahua.

Demandó una mayor intervención de la Federación y que lo haga con "mayor contundencia".

Sin embargo, ni en su informe ni el de López Urbina se habló del hallazgo de pruebas que acrediten la comisión de asesinatos en serie ni de bandas como Los Ruteros o Los Toltecas. Tampoco, del supuesto asesino serial Abdel Latif Sharif. Se justificó que los 50 expedientes analizados fueron los primeros que entregaron las autoridades de Chihuahua.

En su oportunidad, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, declaró: "a las y los juarenses les debemos justicia; aclarar, en primer lugar, los crímenes ocurridos, pero les debemos también la garantía de que esto no se repetirá", aunque no dijo cómo cumplirán.

Por su parte, el presidente Vicente Fox informó que otorgará 14 millones de pesos más para las tareas que realiza Morfín.

En tanto, el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, se comprometió a que en el segundo informe, dentro de cuatro meses, "serán aún más los resultados, pero también mejores las condiciones de vida en Chihuahua".

Mario Alvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, reconoció que existen líneas de investigación relacionadas con el narcotráfico o la pornografía, pero "es hasta peligroso que lo diga, porque está en riesgo la vida de algunas personas".

Autoridades y legisladores estatales aún desconocen el texto

Con el documento sobre asesinatos se busca beneficiar al PAN, señalan en Chihuahua

MIROSLAVA BREACH Y RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSALES

Chihuahua, Chih., 3 de junio. Autoridades y legisladores estatales coincidieron en señalar que no conocen el informe presentado hoy en la ciudad de México por la fiscal especial para la investigación de los asesinatos de mujeres en esta frontera, María López Urbina.

El secretario general de Gobierno, Sergio Martínez Garza, informó que esperará a que se le haga llegar el documento para fijar una postura al respecto, y aseguró que existe apertura en la administración estatal para revisar el informe.

El vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, René Medrano, informó que el procurador del estado, Jesús Antonio Piñón Jiménez, esperará la comunicación interinstitucional para emitir algún comentario.

Los legisladores locales priístas minimizaron los señalamientos de la fiscal, que recomienda fincar responsabilidades legales a 81 funcionarios públicos, relacionados en la investigación de los feminicidios.

El legislador priísta Víctor Anchondo Paredes sostuvo que cualquier acusación contra funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado debe estar soportada con pruebas contundentes, no sólo en suposiciones o señalamientos ligeros.

En Ciudad Juárez, Zully Ponce Prieto, ex fiscal estatal que investigó dichos homicidios, aseveró: "creía que la fiscal especial María López Urbina venía a buscar a los homicidas de mujeres, no a tomar acciones electorales para atacar a los funcionarios que han participado en las indagatorias".

Añadió que esperará a conocer a fondo el contenido del informe para dar una opinión más amplia al respecto, aunque reiteró que es una medida "electoral para beneficiar al PAN".

En contraparte, la titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Victoria Caraveo Vallina, sostuvo que si se finca responsabilidad a las personas que estuvieron al frente de la fiscalía, deben ir a la cárcel por sus omisiones, negligencia y errores en la integración de los expedientes.

La directora del centro de asistencia femenil Casa Amiga, Esther Chávez Cano, consideró que además de informes, esperan que se concreten acciones contra funcionarios y ex funcionarios que no han cumplido con su trabajo.

Adelantó que el martes próximo representantes de organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas -quienes se reunieron el lunes pasado con la fiscal María López Urbina- tendrán un encuentro con la comisionada Guadalupe Morfín Otero, en el cual esperan que les dé a conocer algo más de lo que está haciendo.