Autoridades y legisladores estatales aún desconocen el texto

Con el documento sobre asesinatos se busca beneficiar al PAN, señalan en Chihuahua

MIROSLAVA BREACH Y RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSALES

Chihuahua, Chih., 3 de junio. Autoridades y legisladores estatales coincidieron en señalar que no conocen el informe presentado hoy en la ciudad de México por la fiscal especial para la investigación de los asesinatos de mujeres en esta frontera, María López Urbina.

El secretario general de Gobierno, Sergio Martínez Garza, informó que esperará a que se le haga llegar el documento para fijar una postura al respecto, y aseguró que existe apertura en la administración estatal para revisar el informe.

El vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, René Medrano, informó que el procurador del estado, Jesús Antonio Piñón Jiménez, esperará la comunicación interinstitucional para emitir algún comentario.

Los legisladores locales priístas minimizaron los señalamientos de la fiscal, que recomienda fincar responsabilidades legales a 81 funcionarios públicos, relacionados en la investigación de los feminicidios.

El legislador priísta Víctor Anchondo Paredes sostuvo que cualquier acusación contra funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado debe estar soportada con pruebas contundentes, no sólo en suposiciones o señalamientos ligeros.

En Ciudad Juárez, Zully Ponce Prieto, ex fiscal estatal que investigó dichos homicidios, aseveró: "creía que la fiscal especial María López Urbina venía a buscar a los homicidas de mujeres, no a tomar acciones electorales para atacar a los funcionarios que han participado en las indagatorias".

Añadió que esperará a conocer a fondo el contenido del informe para dar una opinión más amplia al respecto, aunque reiteró que es una medida "electoral para beneficiar al PAN".

En contraparte, la titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Victoria Caraveo Vallina, sostuvo que si se finca responsabilidad a las personas que estuvieron al frente de la fiscalía, deben ir a la cárcel por sus omisiones, negligencia y errores en la integración de los expedientes.

La directora del centro de asistencia femenil Casa Amiga, Esther Chávez Cano, consideró que además de informes, esperan que se concreten acciones contra funcionarios y ex funcionarios que no han cumplido con su trabajo.

Adelantó que el martes próximo representantes de organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas -quienes se reunieron el lunes pasado con la fiscal María López Urbina- tendrán un encuentro con la comisionada Guadalupe Morfín Otero, en el cual esperan que les dé a conocer algo más de lo que está haciendo.