Sólo demuestra que en el caso de El Encino retorció la ley, dice

El desacato de Macedo, uno de los miles de casos en que la PGR no ha actuado: Batres

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Para el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres, casos como el del desacato a una sentencia de amparo en que incurrió el titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, por negarse a restituir en su empleo a un ex agente de la Policía Judicial Federal (PJF), es sólo uno de los miles que hay contra funcionarios de distintos niveles, que demuestran que en el caso de El Encino se torció la ley para perjudicar al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

Eso, advirtió, es lo "fantástico" de este asunto, que la PGR haya procedido en contra del mandatario capitalino aun cuando no hay pruebas que acrediten que cometió acto ilícito alguno.

"Sucede que hay denuncias por desacato que presentan particulares que se sienten agraviados por estas desobediencias y la PGR no actúa o no procede", apuntó.

En el caso de El Encino, el juez lo que ordena al Ministerio Público no es que proceda en contra del jefe de Gobierno, sino que determine si procede; no por determinar el no ejercicio de la ación penal la PGR iba a incumplir la resolución del juez, explicó.

Es falso, agregó, lo que pretende hacer creer la dependencia federal, de que fue el juez el que condenó a López Obrador, sino que la propia procuraduría fue la que tomó esa decisión.

Batres recordó un caso en Guanajuato, donde el funcionario que desacató una sentencia de amparo, como superior jerárquico, fue el presidente Vicente Fox, luego de que un juez ordenó suspender la transferencia de agua del sistema de presas de la Cuenca del Lerma-Chapala al Lago de Chapala, como reclamaron unos 25 mil productores agrícolas.

Esa situación podría llegar a ocurrir en el caso del ex agente de la PJF Benigno Santos Abarca, una vez que el Tribunal Colegiado que tiene el caso lo remita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.