Luis Javier Garrido

La ilegalidad

El gobierno foxista está haciendo una utilización política de la ley y de los tribunales para alcanzar sus objetivos en 2006, como se ve en el caso de la acusación penal que está haciendo gratuitamente contra el jefe de Gobierno de la capital, y esto ha generado seria preocupación en diversos ámbitos del país.

1. La desesperación de Vicente Fox por imponer al país un sucesor en 2006 con el apoyo del salinismo para poder seguir protegiendo los intereses económicos de los consorcios que lo impulsaron, está llevando a su gobierno a un desastre anticipado. Al escándalo nacional que han suscitado las maquinaciones urdidas por Fox con Carlos Salinas de Gortari para tratar de impedir por medios ilegales a Andrés Manuel López Obrador ser candidato presidencial en 2006, se ha agregado otra ola de críticas: la de los miembros del PAN, que no están dispuestos a que Fox les imponga por la vía del dedazo a uno de sus dos candidatos, ni a su esposa Marta ni al "candidato alterno" Santiago Creel, y que tras la renuncia de Felipe Calderón a la Secretaría de Energía (31 de mayo) han empezado a criticar con dureza al Ejecutivo.

2. La naturaleza política de la campaña de 2004 contra López Obrador, quien sigue encabezando casi todas las encuestas sobre 2006, no es desconocida ya por nadie, pues quienes organizaron la campaña en los medios, la acusación sobre el paraje San Juan, la trama de los videoescándalos y la acusación sobre El Encino, son los mismos: Salinas y Fox, aliados hasta la muerte para preservar su poder político.

3. La intervención en esta trama ilegal de los titulares de la PGR, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, del secretario privado de Fox y del equipo de Los Pinos, no son ignorados ya tampoco por nadie. Como tampoco, desde hace unos días, el hecho de que Joseph-Marie Cordoba, brazo derecho de Salinas, esté siendo uno de los elementos más activos de la conjura, como documentara Proceso (núm. 1439). ƑQué es lo que piensa entonces Fox que puede hacer creer a los mexicanos?

4. La acusación penal fabricada por el gobierno foxista y el juicio de procedencia que exige la PGR no tienen un real sustento jurídico, y ningún diputado con un mínimo de dignidad podrá avalar tanta aberración, pues en los hechos el tramo expropiado no es parte de El Encino y la propiedad no está afectada por obra alguna. Y en lo jurídico, porque no se configura el delito de desacato. No extraña que en lo procesal la principal evidencia de la PGR sean recortes periodísticos (Milenio, 3 de junio).

5. La aberración de la decisión del gobierno foxista de querer encausar a López Obrador la muestra la realidad judicial al respecto. De acuerdo con datos del Poder Judicial federal, desde diciembre de 2000 en que entró en funciones el gobierno panista, hasta mayo de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conocido de 4 mil 688 casos en los que tribunales colegiados estiman que ha existido desacato de autoridades, que van desde el Presidente de la República hasta un buen número de gobernadores, y en ningún caso se ha aplicado sanción ni se ha pretendido iniciar juicio de procedencia alguno, pues estos asuntos se resuelven con sentido práctico, ya que las autoridades proceden en tiempo razonable a cumplir la sentencia (El Universal del 28 de mayo).

6. El gobierno foxista se halla en este caso en la más absoluta ilegalidad, y por ello no extraña que los voceros de Fox se enredaran en mil y una contradicciones cuando un diario publicó hace días que Fox ha incurrido en diversos desacatos al Poder Judicial federal, reales y no inventados como el de El Encino, y que nada ha acontecido, señalando en concreto el caso del desacato a la ejecutoria de un amparo otorgado por un tribunal federal a comuneros de San Andrés Tuxtla, asunto en el que directamente se inculpó al titular del Ejecutivo federal (Milenio del 31 de mayo), no obstante lo cual la Secretaría de la Reforma Agraria lo exculpó con el argumento de que la responsabilidad fuese suya (Milenio del 1Ɔ de junio de 2004).

7. La paradoja de este asunto es que Vicente Fox, uno de los gobernantes que en la historia moderna de México ha violado de manera más abierta y sistemática la Constitución y las leyes de la República, y a quien de existir un Estado de Derecho se le debería haber iniciado un proceso de destitución por delitos graves del orden común, y por uno mucho más grave, que es el de traición a la patria, es quien con plena impunidad está utilizando ahora la ley y los tribunales para fines personales de caracter político. Las acusaciones gravísimas contra Fox por los delitos electorales que cometió en 2000 para encumbrarse en la Presidencia de México y las que se le hicieron por la concesión anticonstitucional de permisos a consorcios extranjeros para generar energía eléctrica o para irse apoderando de la industria petrolera, todo lo cual evidencia un enorme tráfico de influencias sobre las riquezas básicas del país, aún son muy recientes, pero sin recato él invoca la "legalidad" de su gobierno, que no hace sino actuar en la más completa ilegalidad, y escudándose en un discurso demagógico sigue manipulando las leyes y, valiéndose de algunos jueces y magistrados corruptos intenta alcanzar sus objetivos en 2006, para lo que pretende contar con la complicidad de varios grupos de legisladores del PRI.

8. El gobierno de Fox se ha sustentado de manera mucho más abierta que los últimos gobiernos priístas en una subordinación de la ley a los intereses políticos del Ejecutivo, y ello constituye un signo de la mayor gravedad para el país, y es lo que deberían entender no sólo las fuerzas populares, sino los grupitos de empresarios que apoyan a Fox ante el aberrante juicio de procedencia a López Obrador. Cuando la legalidad se somete al capricho del gobernante y los tribunales carecen de independencia, el país es el que pierde. Y aquí se pretende hacer retroceder en más de 30 años el reloj de la historia.

9. El propio Fox no ha escondido que uno de los objetivos de su gobierno neoliberal es destruir lo que aún queda del Estado surgido de la Revolución Mexicana: desde las instituciones políticas hasta los organismos de caracter social, entregando a grupos privados trasnacionales todas las funciones estatales: que es uno de los objetivos centrales del neoliberalismo. Y por eso ahora que está empeñado a) en privatizar lo antes posible a Pemex y a la industria eléctrica, y en acabar con el IMSS, el ISSSTE y las instituciones educativas y de cultura (la "reforma estructural"), para lo cual exige "acuerdos" a los partidos, y b) se halla desesperado por imponer al país un sucesor, quien debería culminar este proceso, está desarrollando un nuevo discurso en el que pretende que el gobierno (es decir, su gobierno) y los funcionarios (o sea, los panistas y empresarios que le acompañan) no sirven de nada, y que la única eficiencia está en las trasnacionales de sus amigos y protectores (que pretende son la sociedad civil), como dijo el martes 1Ɔ en las costas de Michoacán y el miércoles 2 en Ciudad Sahagún.

10. La vida política de México se halla en un periodo de abierto retroceso, pues Fox y Salinas no parecen haberse dado cuenta de que su alianza con vistas a 2006 no es sólo para cancelar ilegalmente los derechos políticos a un ciudadano -López Obrador-, sino para anular los derechos políticos de millones de mexicanos: y ahí es donde inevitablemente estallaría el conflicto.