Impide el acceso de los dirigentes a las instalaciones

El INEGI suspende pago de salarios a líderes sindicales

FABIOLA MARTINEZ

La dirección general del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) impidió desde ayer la entrada a sus centros de trabajo a 12 integrantes del comité ejecutivo nacional del sindicato que encabeza Areli Hernández Rodarte, organización gremial que mantiene toma de nota (reconocimiento oficial) vigente.

De acuerdo con información de Hernández Rodarte y sus abogados, además de impedir el ingreso de los dirigentes, a partir del mes pasado se ordenó la suspensión de salarios para este grupo, y desde enero las autoridades del instituto no les entregan los recursos correspondientes a cuotas sindicales.

Ante ello, solicitaron la intervención del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, y del presidente Vicente Fox, para que brinden una solución ante el "cúmulo de ilegalidades" cometidas en el organismo que encabeza Gilberto Calvillo.

Aun cuando Hernández Rodarte llegó a la secretaría general del sindicato nacional del INEGI mediante el voto directo y secreto, ha sido constantemente relegada para ejercer su función no sólo por la suspensión de cuotas, sino por "el abierto impulso del coordinador administrativo del instituto, Lino Arturo Vega, y del director jurídico, Juan Manuel Contreras Botti, hacia un grupo opositor" vinculado directamente con la cúpula de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Arturo Alcalde, abogado del sindicato que encabeza Hernández Rodarte, dijo que con lo anterior los empleados no sólo han sido arbitrariamente relegados de su función sindical, sino que se les despidió de su trabajo sin conciliación alguna ni proceso jurídico previo, lo que constituye "una grotesca acción ilegal".

Cabe recordar que los problemas para Hernández Rodarte se iniciaron en 2002, cuando solicitó al INEGI la regularización laboral de 12 mil empleados que continúan en calidad de eventuales, aun cuando la mayoría realiza actividades fijas desde hace más de 15 años. Además, por haber ordenado el retorno a sus bases de adscripción a un grupo de "comisionados" -conocidos como aviadores- que prestaban supuestos servicios a la FSTSE.