Descendientes de Nemesia Ledesma Rubí también reclaman la propiedad del predio

Escobedo vendió terrenos de El Encino que no le pertenecían: López Obrador

Recorrió sus linderos para apropiarse indebidamente de una franja que es de la ciudad

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Federico Escobedo Garduño, presunto dueño del predio El Encino, no sólo mintió a las autoridades judiciales al promover amparos acreditando una superficie mayor, sino que incurrió en ilícitos al vender terrenos que no eran de su propiedad, señaló el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer que otros particulares, descendientes de Nemesia Ledesma Rubí, reclaman también la propiedad del terreno.

En la segunda sesión del Seminario-taller sobre la manipulación de la ley con propósitos políticos, el mandatario capitalino informó que existe además una solicitud que data de 1934, que hicieron cuatro personas para adquirir 176 hectáreas de predios baldíos, propiedad de la nación, junto al predio El Encino. Solicitará por ello a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que indague qué curso se dio a dicha solicitud, y si El Encino se encuentra también dentro de la extensión de baldíos propiedad de la nación.

Acompañado por funcionarios de las direcciones de Patrimonio Inmobiliario, Administración Urbana, el Registro Público de la Propiedad y Servicios Metropolitanos, López Obrador sustentó sus señalamientos mediante planos, pruebas periciales de topografía, diapositivas, registros de propiedad y otros documentos públicos.

Así, de la investigación que se realizó por conducto de dichas áreas, con apoyo de la consejería jurídica, las autoridades capitalinas tienen la convicción de que Escobedo Garduño defraudó al gobierno federal al vender a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una fracción de terreno que no le pertenecía. ''Al hacer la reconstrucción de la superficie expropiada en la parte sur del predio, que inicia en la autopista México-Toluca, se encontró que el trazo de la avenida Carlos Graef Fernández se proyectó sobre el eje y el derecho de vía de la antigua carretera Corral-Tinajas. Y también abarcó una parte del derecho de vía del tranvía Tacubaya-La Venta; el entubamiento del ramal sur del río Tacubaya, y la zona federal donde se ubicó el lecho del río'', explicó el jefe de Gobierno.

''Esto significa -agregó- que el supuesto propietario de El Encino recorrió sus linderos para adueñarse, de manera ilegal, de una franja que pertenece a la ciudad y a la Federación, todo para vender una porción de terreno a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de la autopista México-Toluca''.

El mandatario capitalino aludió a la novela del escritor Carlos Fuentes, La región más transparente, para explicar cómo es que se dio la proliferación de casos de despojo de tierras comunales, invasiones y acaparamientos de predios de dominio público: ''En esta obra, que data de 1958, se cuenta cómo un revolucionario del norte del país llega a la capital y con sus influencias se dedica a comprar terrenos que, a la postre, serían urbanizados por el gobierno. Inclusive, este jugoso negocio, al amparo del poder público, termina por hacerlo inmensamente rico y se convierte en un prominente banquero''.

Para el titular de Patrimonio Inmobiliario, Alberto Pérez Mendoza, la investigación lleva a afirmar que Escobedo Garduño representa al ''típico defraudador y acaparador de terrenos'', y el caso de El Encino, una de sus ''estafas''.

El jefe de Gobierno explicó por su parte que Escobedo empezó a tener influencias en tiempos de Carlos Hank González, quien fue regente de la ciudad de 1977 a 1982, época en la que obtuvo del entonces Departamento del Distrito Federal concesiones por un plazo de tres años para explotar bancos de materiales en la zona denominada Santa Fe-Contadero, en las delegaciones Cuajimalpa y Alvaro Obregón. ''Desde entonces acaparaba alrededor de 35 hectáreas que pertenecen al patrimonio de la ciudad y que están valuadas en más de 3 mil 500 millones de pesos. Por eso, mediante un decreto del 20 de febrero de 2003, se llevó a cabo la recuperación administrativa de los predios denominados La Mexicana, La Rosita, Aureli-Viadas y G2, que son bienes del dominio público'', apuntó.

En el caso del juicio de amparo solicitado por Escobedo, que derivó en el juicio de desafuero solicitado por la Procuraduría General de la República (PGR), López Obrador explicó que el 20 de noviembre de 2000, el presunto dueño de El Encino presentó al juez noveno de distrito en materia de amparo, Alvaro Tovilla, una escritura que ampara como su propiedad una superficie de 86 mil 968 metros cuadrados, cuando había ya formalizado la venta de una fracción a la SCT, para construir la autopista México-Toluca, y el terreno tenía una extensión real de 83 mil 862 hectáreas.

Si bien consideró que no era obligación del juez entrar a fondo para verificar la superficie real de la propiedad, el Ministerio Público de la Federación sí estaba obligado a hacerlo, pero ni siquiera solicitó informes al Registro Público de la Propiedad, como era su responsabilidad en el contexto de la averiguación previa que se inició por el presunto desacato.

Las mismas documentales recabadas en la investigación hacen suponer que el otro tramo expropiado para la construcción de la prolongación Vasco de Quiroga, ni siquiera es parte de El Encino. El jefe de Gobierno del Distrito Federal indicó que enviará todas estas pruebas a la procuraduría federal para que rectifique y revierta la solicitud de juicio de procedencia.