Deben presentar recibo de pago del servicio de luz: activista

Condicionan en Chiapas a índigenas entrega de recursos y realizar pruebas

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 30 de mayo. Las autoridades federales y estatales "están condicionando" la entrega de recursos del programa Oportunidades y la aplicación de exámenes finales en al menos un plantel del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), a la presentación del respectivo recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el cual se demuestre que el beneficiario está al corriente en sus pagos, dio a conocer la coordinadora de la Fundación León XIII, Marina Patricia Jiménez.

"Esta es una infracción grave porque atenta contra los derechos económicos, sociales y culturales de los indígenas, por lo que estas denuncias bien podrían llevarse ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", afirmó la también ex directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Señaló que las quejas sobre el "condicionamiento" de la entrega de recursos de Oportunidades han sido presentadas por habitantes de los municipios de Rayón Jitotol, Yajalón, Amatenango y Tila. En este último, agregó, indígenas choles también han asegurado que para que les apliquen los exámenes finales del presente ciclo escolar, los directivos de un plantel de Cobach exigen a los alumnos presentar recibos para verificar que sus padres o tutores no tengan adeudos con la CFE.

De acuerdo con Jiménez, esta situación afecta "a miles de indígenas" que desde 1994 se encuentran en resistencia de pago a la CFE, en protesta por las altas tarifas en el cobro del fluido eléctrico.

En este sentido, aseguró que "hay casos documentados en los cuales a varias familias les llegan recibos con tarifas de hasta 4 mil pesos, cuando sólo tienen uno o dos focos en sus domicilios".

Jiménez destacó que "la presión" contra quienes están en resistencia de pago se incrementó desde hace unos dos meses en el contexto del programa Tarifa Vida Mejor, firmado por los gobiernos estatal y federal en diciembre pasado, mediante el cual los deudores pagan 50 por ciento y las autoridades gubernamentales el porcentaje restante, pero los usuarios deben suspender su resistencia contra la paraestatal.