Reconoce la PGJE la situación, "pero no actuamos porque no hay denuncias"

En el sur chiapaneco transitan cientos de vehículos robados en otras entidades

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 30 de mayo. Cientos de vehículos robados en el centro y el sureste del país transitan libremente por la región.

Son utilizados en su mayoría para prestar el servicio de transporte público de manera irregular en muchos de los municipios indígenas de los Altos de Chiapas, sobre todo en carreteras de terracería, donde las autoridades competentes no tienen presencia o simplemente se hacen de la vista gorda.

En las comunidades indígenas de la zona es fácil comprar vehículos hurtados, incluso de modelos recientes, a precio de entre cinco y diez mil pesos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) afirma que no puede actuar porque no existen denuncias penales al respecto, y la Policía de Caminos no ingresa a las comunidades a tratar de detener las unidades porque los indígenas que han comprado los vehículos robados se juntan, bloquean carreteras, los secuestran y los golpean, señala.

"La única forma de entrar a las comunidades para rescatar los carros robados sería hacer un gran operativo con cientos de policías, como se hizo en el municipio de Tenejepa en 1998, cuando fueron asegurados 200 vehículos", dijo un policía de Caminos que solicitó el anonimato.

Autoridades estatales explican que el problema de los vehículos robados inició en 1994, cuando surgieron los zapatistas, y se dio un vacío de poder en la zona.

Algunas organizaciones indígenas que se hacían pasar por simpatizantes rebeldes aprovecharon la coyuntura para prestar el servicio de transporte público sin los permisos necesarios, pero como carecían de unidades y de recursos comenzaron a comprar las que les ofrecían a bajo precio por ser hurtadas.

Los vehículos robados que más se ven en la zona son tsurus y camionetas estaquitas, aunque hay de otras marcas y modelos. Se distinguen por llevar placas de circulación no actualizadas del Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Tabasco y de Chiapas, entre otras entidades. Muchos circulan sin placas, la señal más clara de que no son legales.

En un recorrido La Jornada comprobó que estas unidades están por lo menos en los siguientes municipios: San Andrés Larráinzar, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó, Mitontic, Santiago El Pinar, Tenejapa, Oxchuc, Cancuc, Aldama y El Bosque.

En la mayoría de los casos son ingresadas a las comunidades por caminos de terracería, donde no hay vigilancia.

La mayor parte van y vienen de las cabeceras municipales a las comunidades trabajando como taxis, y en muchos casos son conducidas por menores de edad. Por lo general, los propietarios no salen del terreno que ellos controlan: circulan casi siempre por carreteras de terracería, de la cabecera a las comunidades o entre éstas para evitar a la Policía de Caminos, que
muy pocas veces patrulla esas zonas.

Y cuando en alguna ocasión la policía ha detenido algún vehículo sospechoso en la zona, los indígenas se organizan para rescatar la unidad.

Hace un par de meses, en Chenalhó, una patrulla de la Policía de Caminos iba hacia el municipio de Chalchihuitán cuando se encontró con una camioneta Nissan estaquita. Al descubrir a los tres agentes, el conductor abandonó el vehículo y se dio a la fuga. Pero mientras los policías amarraban el vehículo a su patrulla para llevárselo, unos 200 indígenas se reunieron, bloquearon el camino cerca de la cabecera de Chenalhó y amenazaron con piedras y palos a los policías e impidieron que la unidad saliera de la región.

En la cabecera de Pantelhó las autoridades municipales tienen detenidas cuatro unidades, pero no las han puesto a disposición del agente del Ministerio Público debido a que tienen temor de que al pasar por Chenalhó hacia San Cristóbal se las quiten los indígenas.

En Chalchihuitán es todavía más fácil detectar a las unidades hurtadas, pues para evitar problemas con las autoridades los transportistas concesionados legalmente decidieron estacionar sus vehículos en un lado específico de la acera, y obligaron a que los robados lo hagan del otro.

En cada terminal donde se estacionan estas unidades sus nuevos dueños están
siempre a la expectativa, y cuando descubren a algún extraño cerca del lugar pronto cuestionan, agresivos: "¿Qué buscas aquí? ¿Eres policía? Mejor vete o te puede llevar la chingada".

En todos los casos las autoridades municipales, al igual que las estatales y federales, tienen conocimiento de la presencia de vehículos robados, pero no han hecho nada con el argumento de que temen provocar conflictos sociales en las comunidades.

En esta ciudad se han dado casos en los que, ante la falta de actuación de las autoridades, los propietarios afectados han buscado por propia cuenta y riesgo sus carros robados. Por ejemplo, en diciembre pasado a una persona a la que robaron una camioneta Nissan se dio a la tarea de recorrer algunas cabeceras municipales de la zona. Después de varios días localizó su unidad en la plaza de Chenalhó. Cuando exigió la devolución intervino un funcionario municipal y le dijo que el indígena que la traía la había comprado "de buena fe". Tuvo que pagar diez mil pesos para recuperar su camioneta.

Según algunos funcionarios locales, lo que no se ha detectado con claridad es quién o quiénes introducen los carros robados a las comunidades, pero se presume que son bandas bien organizadas que los roban en otros estados o aquí mismo y los venden a los indígenas.