Favorece actividades ilegales, contaminación y competencia desleal, denuncian ONG

Errónea, la moratoria del gobierno federal en materia de medio ambiente

ANGELICA ENCISO L

La moratoria regulatoria establecida en abril por el gobierno federal favorece la competencia desleal, las actividades ilegales, la contaminación, la degradación y la pérdida de recursos naturales, señalan organizaciones ambientalistas.

El 22 de abril el presidente Vicente Fox firmó un decreto para establecer una moratoria en materia regulatoria por un año para todas las dependencias federales, con el "fin de desatar la inversión y la generación de empleos", y precisó que sólo se aplicará la norma en casos de emergencia que afecten la salud, el bienestar o el medio ambiente.

Frente a ello, agrupaciones como Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defenders of Wildlife, Fronteras Comunes y Conservación de Mamíferos Marinos advirtieron que las normas son necesarias para llenar lagunas jurídicas, las que no representan un obstáculo de la actividad productiva.

El Cemda advierte en un estudio sobre el medio ambiente que los análisis de los costos y beneficios requieren parámetros distintos a los utilizados en otros campos, lo cual no ha sido considerado por las autoridades en la materia, sino que el tema se ve después, cuando ya está el daño ecológico.

Contra el planteamiento de que la moratoria se establece para alentar la inversión, el análisis indica que "la mejora regulatoria no sólo es un instrumento de desarrollo económico que promueve la inversión y creación de empresas, sino que también es un proceso sistemático y permanente de revisión del marco normativo y de análisis de otras alternativas". En resumen "es una política pública con el objetivo de elevar la calidad del ordenamiento jurídico".

Agrega que la suspensión en la aplicación de la normatividad dejará consecuencias que se verán con el tiempo, "si en materia ambiental las cosas permanecen en el estado que se encuentran, esta medida, al parecer, no traerá mayores consecuencias; sin embargo, mejores beneficios y protección se habrán quedado en el tintero como iniciativas, proyectos o anteproyectos que el gobierno federal ya no podrá establecer".

Está pendiente la norma 135, que establece la regulación de la captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio, la cual sería obligatoria para las actividades de importación, captura científica, transporte y tenencia.

Las agrupaciones indican que su importancia radica en que a partir de los 70, tanto delfines como lobos marinos comenzaron a tener demanda para ser usados en delfinarios y espectáculos itinerantes. Con la norma se favorecería el manejo adecuado de estas especies marinas.

La moratoria también afecta el establecimiento del reglamento para la Ley General de Vida Silvestre, la cual entró en vigor en 2000. La falta de esta reglamentación impide la aplicación de la ley y "permite una amplia discrecionalidad por parte de la autoridad en su interpretación".

Tampoco se ha concluido la norma 029, sobre la pesca de tiburón, que tiene seis años en discusión, y que entre otros aspectos, prohíbe el uso de redes de deriva que provocan la captura incidental de tortugas y otras especies marinas en riesgo de extinción. También la normatividad sobre manglares se llevó cuatro años en discusión y pasó por dos procesos de revisión.

Las agrupaciones agregaron que las normas tardan años en su proceso de creación y pasan por la revisión de expertos en la materia, de administrativos, de especialistas en temas legales y de impacto regulatorio, antes de ser presentadas como anteproyecto, "de ninguna manera se puede decir que la creación de normas en México se hace de forma desordenada"