Tiene pendiente en Buenos Aires un proceso en el contexto de la Operación Cóndor

Crea desafuero de Pinochet en Argentina esperanzas de que termine la impunidad

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 29 de mayo. El desafuero del ex dictador Augusto Pinochet en Chile en los juicios que se le siguen por la Operación Cóndor, y el proceso contra dos ex militares de ese país por el homicidio del matrimonio de la mexicana María del Rosario Avalos y el argentino Bernardo Lejderman, volvieron a crear aquí esperanzas sobre un lento final de la impunidad para los responsables de delitos de lesa humanidad.

Ernesto Lejderman, cuya historia publicó La Jornada en 1999, tenía dos años cuando sus padres fueron asesinados en di-ciembre de 1973 en la norteña ciudad de Coquimbo. El niño, quien estaba en brazos de su madre al ser asesinada, fue entregado a una orden religiosa, que logró enviarlo a sus abuelos paternos en Argentina.

Ernesto sólo supo la verdad años después y decidió buscar justicia en Chile, sin mucha ayuda al principio, pero apoyado luego por organismos humanitarios de ese país logró el procesamiento de dos de responsables de la muerte de sus padres.

Pinochet, desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago, ha sido solicitado por la justicia argentina en el juicio por el asesinato del general Carlos Prats -ex jefe del ejército chileno- y su esposa Sofía Cuth-bert, en Buenos Aires en 1974, y también en la causa que se sigue contra los responsables de la Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur, que ha permitido llevar a prisión aquí, entre otros, al ex dictador Jorge Rafael Videla.

En mayo de 2001 la Cámara Federal de Buenos Aires rechazó por unanimidad un planteamiento de la defensa del ex dictador, que solicitaba la prescripción de la acción penal en el crimen del matrimonio Prats.

La cámara consideró que el doble crimen de Prats y su esposa Sofía era "crimen de lesa humanidad" que formó parte de una práctica estatal corriente, "aunque repugnante a la conciencia jurídica universal, du-rante la dictadura de Augusto Pinochet".

Se reiteraban los argumentos que primaron cuando en octubre de 2000 fue rechazado un pedido de prescripción por el mismo crimen en favor de Manuel Contreras, ex jefe de la policía política pinochetista, Raúl y Jorge Iturriaga Neuman, Pedro Espinoza Bravo, José Zara Holger y Mariana Callejas, todos imputados por el atentado.

Estos hechos fueron los siniestros antecedentes de la Operación Cóndor, institucionalizada en la ilegalidad a partir de 1976 con la colaboración de todas las dictaduras de la región como un sistema secreto para coordinar información secuestrar, torturar y ejecutar a los oponentes políticos en operaciones conjuntas.

La llamada "Fase III" de Cóndor estaba trazada para asegurar el asesinato de líderes políticos "molestos" para los dictadores de uno y otro país, y garantizar la impunidad para los crímenes.

Entre las víctimas más conocidas en los años 70 figuran el matrimonio Prats y el líder democristiano chileno Bernardo Leighton, quien junto con su esposa Anita se salvaron del atentado en Roma en 1975, pero resultaron gravemente afectados.

También fue caso resonante el asesinato en Washington del político chileno Orlando Letelier, en septiembre de 1976; el del ex presidente Bolivia, general Juan José Torres, y los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, todos ellos asilados en Buenos Aires, en acciones conjuntas de las dictaduras y entidades como la CIA estadunidense, lo que evidenció la capacidad criminal de esta operación.

Desde el descubrimiento de los archivos del horror en Paraguay, en diciembre de 1992, fue difícil ocultar la serie de evidencias que después surgieron por demandas de la justicia de varios países, que además llevaron a la desclasificación de documentos secretos de Estados Unidos.

Esto permitió establecer el papel jugado por personajes como el ex secretario de Es-tado Henry Kissinger y el ex director de la CIA Vernon Walters, entre otros como el ex presidente George Bush padre y sus socios de los grupos anticastristas de Miami, que colaboraron activamente con las dictaduras y muy específicamente en esta operación.

Varios de estos cubanoestadunidenses -detenidos en Panamá por intento de asesinato del presidente cubano, Fidel Castro, en la Cumbre Iberoamericana realizada allí- estuvieron implicados en estos crímenes.

Guillermo Novo Sampol y su hermano fueron enjuiciados en Estados Unidos por detonar la bomba colocada bajo el auto de Letelier, que mató a éste, a su secretaria estadunidense, Ronny Moffit, e hirió gravemente al esposo de ésta, Michael, quien fi-nalmente sobrevivió.