"Histórico", el referendo para que el pueblo decida qué hacer con sus reservas de gas

"Sacamos ronchas a trasnacionales", expresa el líder boliviano Evo Morales

ROBERTO GONZALEZ AMADOR, BLANCHE PETRICH Y GEORGINA SALDIERNA ENVIADOS

Guadalajara, Jal., 29 de mayo. "Sacamos ronchas a las trasnacionales", afirma Evo Morales, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, cuando habla sobre el referendo del 18 de julio próximo que definirá el destino de las explotaciones de hidrocarburos en la nación andina, una de las más pobres del continente, y al mismo tiempo rica en yacimientos de gas. Convencido, asegura: "Por primera vez en la historia, un pueblo va a decidir qué quiere hacer con sus recursos naturales".

En octubre de 2003, varias jornadas de protesta popular echaron de la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, después de que había concluido un acuerdo con compañías trasnacionales para explotar las vastas reservas de gas natural de Bolivia a través de un puerto chileno. Su sucesor, el hasta entonces vicepresidente Carlos Mesa, convocó a un referendo sobre la forma de explotación de los hidrocarburos bolivianos, que se realizará en julio próximo y que desde ahora, dice Morales, tratan de boicotear las compañías inglesas y españolas que esperaban beneficiarse de la explotación del gas.

Evo Morales Aima, quien estuvo a un paso de ganar la segunda vuelta de la elección presidencial de 2002, dirige la bancada del MAS en el Congreso boliviano. En una entrevista con La Jornada afirma: "el movimiento social boliviano -que reúne a campesinos y obreros en un país donde dos terceras partes de la población son indígenas- va a decidir lo que Bolivia debe hacer con sus hidrocarburos".

Desde febrero de este año, la Constitución boliviana introdujo las figuras de referendo y asamblea constituyente como formas de participación y decisión. Sobre esta base, el movimiento social encabezado por Evo Morales impulsó la consulta de julio próximo, que pretende, en sus palabras, "regresar a los bolivianos la propiedad sobre los hidrocarburos del país". No sólo eso. En el fondo de la consulta subyace la intención, en caso que triunfe el sí, de revisar todos los contratos concedidos hasta ahora a las multinacionales energéticas en el país andino, como explica el dirigente.

Abunda: "No planteamos una nacionalización de la industria, porque efectivamente la maquinaria y los equipos son de las trasnacionales. Lo que queremos es recuperar la propiedad sobre los energéticos, sobre los pozos. Y si luego necesitamos el equipo para explotarlos, pues entonces contratamos a las trasnacionales que los tienen. Así de simple".

Las reservas de gas en Bolivia fueron descubiertas a mediados de la década pasada, en la provincia suroriental de Tarija, cerca de la frontera con Argentina. Por su magnitud, son las segundas más grandes de Latinoamérica, después de las de Venezuela. Para explotar los yacimientos fue formado, con la anuencia gubernamental, el consorcio Pacific LNG, integrado por las compañías inglesas British Gas y British Petroleum y la española Repsol-YPF. Esas empresas pusieron en marcha un plan -que estimaba una inversión de 6 mil millones de dólares- para construir una planta de procesamiento y un gasoducto. Desde un puerto chileno en el océano Pacífico, el combustible sería enviado hacia México y Estados Unidos.

Sólo que los encargados de diseñar el negocio pasaron por alto que el gas es de Bolivia, en un hecho que replicaba la experiencia del siglo XVII, cuando los colonizadores cargaron con las toneladas de oro y plata de El Dorado. El proyecto de contrato para la explotación del gas a través de un puerto chileno establecía que el Estado boliviano sólo recibiría 18 por ciento de las ganancias derivadas de la venta del energético. Ese fue el germen de la movilización popular contra Sánchez de Lozada.

Además del rechazo por el magro pago que pretendían hacer las empresas energéticas por el gas boliviano, otro ingrediente de enojo social fue la idea de vender el combustible por un puerto chileno, como planteó el entonces presidente boliviano Jorge Quiroga a principios de 2002. Bolivia perdió frente a Chile la "guerra del Pacífico", que duró cinco años y en 1884 cerró para los bolivianos la posibilidad de tener una salida al mar.

Evo Morales sostiene que en el referendo de julio triunfará el movimiento que busca recuperar la soberanía sobre la explotación de los hidrocarburos bolivianos.

"Estamos hablando de recuperar lo perdido, porque no estamos viendo sólo hacia el futuro. Lo que haremos es revisar todos los contratos actuales de las compañías trasnacionales, y si no están cumpliendo con lo acordado, van a ser revocados, y el Estado recuperará la propiedad de esos yacimientos. Lo único que haremos es aplicar la ley", señala.

El movimiento social que representa Morales tiene una idea de lo que desea hacer con el gas de su país. El dirigente del MAS dice que si en Bolivia -un país de 8.5 millones de habitantes, uno de los tres más pobres del continente, junto con Nicaragua y Haití- se prestara servicio eléctrico al menos a 80 por ciento de la población (y la electricidad se genera con gas), el Estado recibiría más dinero que el que hubiera obtenido de las regalías que ofrecen pagar las trasnacionales por la explotación del combustible.

Pero también plantea que es posible crear un mercado regional de gas, sobre todo ahora que países como Argentina, Uruguay y Paraguay enfrentan problemas de desabasto del energético, lo que merma la posibilidad de crecimiento de sus economías. "No descartamos un mercado regional, pero queremos que sea un negocio entre estados que se intercambian directamente el combustible y no un mercado que esté en poder de las trasnacionales".

Insiste en la idea de nacionalizar los hidrocarburos a partir de la revisión de los contratos que detentan las empresas extranjeras que explotan el sector en su país. "Contrato ilegal o empresa que no haya cumplido puntualmente las cláusulas, contrato anulado", establece como fórmula.

"Planteamos nacionalizar los hidrocarburos, no los bienes de las empresas. No queremos una demanda internacional, y además necesitamos la tecnología para explotar los yacimientos", señala.

El líder indígena explica que el movimiento social boliviano busca la anulación de las concesiones actuales por medio de la revisión de los contratos, con el fin de evitar que las trasnacionales puedan reclamar una indemnización. "Si revocáramos los contratos, según expertos que hemos consultado, las empresas podrían entablar reclamaciones por unos 5 mil millones de dólares". Es una cantidad que iguala la actual deuda externa boliviana.

"Tenemos una propuesta basada en la legalidad -redondea la idea-. Con esto, decimos al mundo que el movimiento social boliviano es respetuoso de la ley y que tiene un proyecto económico. Somos un factor de poder que no va en busca de la aventura, sino que quiere entrar al poder por la puerta y no por la ventana."