Nora Patricia Jara

Pendiente, la legislación sobre derechos humanos

Un golpe sucede a otro, la persecución se hace implacable hasta que, en un respiro, para tratar de evitar otro golpe aparece un texto que dice: "Abrase hasta Navidad". Sin embargo, el ratón le suena de nuevo al gato, que intentaba usar un viejo truco para salvarse de una paliza que él mismo había iniciado. La escena, arrancada de un popular comic, inauguró en su momento un novedoso estilo de crueldad humorística que parece semejante a la que utilizan nuestros políticos hoy en día para enfrentar las consecuencias del videoescándalo.

Desde historias de supuestos ovnis, como sentencias que niegan una parte de la verdad, al menos no en los próximos 12 años, hasta advertencias carcelarias transoceánicas contra funcionarios capitalinos, es lo que hemos recibido cada vez que en el gobierno federal se enredan para tratar de deslindarse de su embate contra otro gobierno electo constitucionalmente, como el de la ciudad de México.

Al igual que en las caricaturas, la violencia, en este caso verbal, lo mismo que los recientes ataques jurídicos, resulta en ocasiones hilarante, ante el estupor de un público que se percibe como infantil y que puede tragarse fácilmente mentiras como las de que no traía ningún video el empresario corruptor preso por fraude. Mientras, continúa la confrontación entre el Ejecutivo federal y el capitalino, junto con los litigios contra los involucrados, sean perredistas o no, los que tarde o temprano rendirán frutos, pese a la reiterada voluntad de enjuiciar políticamente a Andrés Manuel López Obrador y a su administración.

Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal tendrá que estar comprometido con desagraviar a la sociedad hasta las últimas consecuencias, desenmascarando toda la red de corrupción tejida a su alrededor; de ello también depende su futuro inmediato. A todo esto habrá que añadir el trasfondo de los diferendos: en el caso de El Encino, el supuesto cumplimiento de la ley, y con Cuba, la defensa de los derechos humanos. Hasta se creó, en la fracción legislativa del PAN, una comisión para defender desde el Congreso mexicano las libertades en la isla; la encabeza Francisco Barrio, el ex gobernador de Chihuahua, quien "omitió" investigar los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, que hasta ahora siguen ocurriendo.

Debemos tomar la palabra al Presidente y a su partido y abanderar la causa de los derechos humanos, pero empecemos en casa, como piden miles de ciudadanos que han sufrido el "auténtico" abuso de autoridad y la persecución política aquí en nuestro territorio. Nadie quiere que se viole la ley o se desacate, lo que se desea es que se aplique no a modo, o contra los adversarios políticos, como en los viejos tiempos, sino con justicia.

Queremos saber quién mató a Digna Ochoa, quién o quiénes asesinan a las mujeres en Ciudad Juárez, dónde están los soldados violadores de mujeres indígenas en Guerrero y Chiapas, dónde los que abusan de sus hijos en sus comunidades de origen o quiénes hostigan a los verdaderos defensores de los derechos humanos. Sin duda lo que se observa es que no pueden las garantías individuales convertirse en un pretexto oportunista, sino en una política de Estado que impulse una cultura a su favor.

La agenda en derechos humanos está pendiente y será discutida en la Cámara de Diputados, y el PRD incluye una amplia temática a debatir. Los puntos plantean modificaciones al artículo 102 constitucional, al Código Penal, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Sobre Delincuencia Organizada, para que se investiguen hechos como los feminicidios. También, otorgar garantías de debido proceso a los extranjeros en el país, reformas sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad para terminar con la impunidad de funcionarios, ampliar las facultades de la Comisiión Nacional de los Derechos Humanos, crear una ley contra la desaparición forzada de personas, realizar una reforma integral a la Ley de Amparo, con base en la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En suma, presentar un paquete de modificaciones al sistema judicial y elevar a rango constitucional los derechos humanos, porque aunque se defienden por todo el mundo, poco se hace aquí legalmente por ellos.