El caso se maneja con tintes políticos: Elisur Arteaga

Existe un ánimo persecutorio contra el GDF: académico

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) de otorgar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, copia certificada de la averiguación previa integrada tras el presunto desacato judicial en que incurrió, ''denota un ánimo persecutorio'' en contra del mandatario capitalino, y que el Ministerio Público Federal se está manejando ''con tintes netamente políticos'' en el asunto del litigio por el predio El Encino, aseguró Elisur Arteaga, experto constitucionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Aclaró que aunque todas las investigaciones que realiza la PGR deben ser reservadas, para evitar que los presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia, en el caso de López Obrador ya no debe aplicarse ese criterio, porque ''la averiguación previa se tornó pública en el momento en que el Ministerio Público Federal la envió, en forma errónea, al Congreso de la Unión, por lo que tanto el jefe de Gobierno de la ciudad de México como la parte acusadora tienen derecho a que les den una copia''.

''Se está torciendo la justicia''

Para el experto constitucionalista, el hecho de que los abogados de la empresa Promotora Internacional Santa Fe (presunta propietaria del predio) ya posean copia certificada de la averiguación previa 1339/FESPLE/2001, mientras que al mandatario capitalino se le ha negado, representa ''un acto de iniquidad, y que se está torciendo la justicia'' en perjuicio de López Obrador.

Por ello, exhortó al Gobierno del Distrito Federal y al mismo jefe de Gobierno, a ''presentar una acusación en contra del titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, porque está permitiendo que se utilice una institución, que debe ser de buena fe, con fines netamente políticos y con afanes de persecución''.

Refirió que será difícil que proceda el desafuero de López Obrador, porque de acuerdo con lo que ha asegurado en los últimos días el ex secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, en el sentido de que libró un oficio en 2001 para que se cumpliera la suspensión definitiva que otorgó el juzgado noveno de distrito en materia administrativa a la Promotora Internacional Santa Fe, ''entonces no puede haber responsabilidad de López Obrador por cuanto a que su inferior, con la debida anterioridad y entre los términos que marca la ley, ordenó el cumplimiento del mandato judicial''.

-ƑQué sería recomendable para que el jefe de Gobierno supere este bache -se le preguntó?

-Hacer un trabajo político, salir a las calles a defender a Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionar la declaración de procedencia, por la vía del amparo

''Y desde el punto de vista jurídico, una vez que la solicitud de declaración de procedencia obre ya en la Cámara de Diputados, hay que cuestionarla por la vía del amparo y a través de una controversia constitucional''.

-ƑCuál sería el objetivo del amparo? ƑEvitar su desafuero?

-No propiamente evitar el desafuero, sino exigir que no se efectúe un procedimiento al margen de lo que establecen los artículos 139 y 143, en relación con el 111 de la ley de amparo, ya que esos preceptos establecen que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no la PGR la que debe solicitar a la Cámara de Diputados que emita la declaración de procedencia. Además, debe presentar (el jefe de Gobierno) en la Suprema Corte una controversia constitucional, porque la PGR está ejerciendo una facultad que no le corresponde.

-ƑLa Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que resolver finalmente este asunto?

-En algún momento llegaría a manos de la Corte para que otorgara una suspensión (a López Obrador), tanto en el amparo como en la controversia.