Curiosa, la teoría de Cándido Conde-Pumpido para proscribir a partidos vascos

Ser de izquierda y abertzale significa que se identifica con ETA, dice fiscal español

Impedirá que lista de Herritarren Zerrenda participe en comicios para el Parlamento Europeo

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 19 de mayo. Declararse de "izquierdas" y "abertzale (nacionalista, en euskera)" son, según la Fiscalía General del Estado español, motivos suficientes para considerar que una formación política se "identifica con ETA", por lo que debe ser proscrita por sus presuntos "vínculos" con el "terrorismo".

El escrito presentado ante el Tribunal Supremo por la fiscalía española, renovada tras la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, defiende la ilegalización de la candidatura vasca Herritarren Zerrenda de cara a los comicios europeos del próximo 13 de junio, al considerar que ésta es una prolongación de Batasuna, la coalición abertzale vasca ilegalizada el año anterior por el gobierno del derechista José María Aznar.

La candidatura "popular" Herritarren Zerrenda (EZ) tiene todos los visos de ser declarada "ilegal" y así ser apartada de la campaña proselitista de los comicios para renovar al Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, en el que la izquierda nacionalista vasca estaba representada hasta ahora por un parlamentario.

La entrada en vigor, en febrero del año anterior, de la Ley Orgánica de Partidos Po-líticos significó el comienzo de la estrategia del anterior gobierno español en relación al conflicto de Euskadi, al impulsar la ilegalización de Batasuna, integrada por líderes, simpatizantes y militantes del nacionalismo de izquierda, considerada por Madrid "bra-zo político" de ETA.

Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado nombrado por el nuevo gobierno socialista, anunció la intención de los estamentos públicos de impedir la concurrencia a los comicios de la lista vasca HZ a pesar del respaldo de más de 50 mil firmas, que además denunciaron el "apartheid político" que sufre la región desde que el anterior gobierno del Partido Popular decidió "ilegalizar las ideas" y "criminalizar" las posturas políticas de vocación nacionalista e independentista.

La fiscalía española sostuvo en el escrito de impugnación presentado ante el Tribunal Supremo que "los principios que sustentan la candidatura de Herritarren Zerrenda son, sin cambiar un ápice, los proclamados por ETA", y aseveró que al menos cuatro de los 64 candidatos de la lista abertzale tuvieron "algún vínculo" en el pasado con la coalición Batasuna o las formaciones que le sucedieron.

La ley vigente de partidos políticos garantiza que en ningún caso se podrá aplicar el principio de "retroactividad" para suspender de la actividad política a personas o asociaciones civiles.

El fiscal general del Estado español cuestionó también la aprobación que la Junta Electoral Central otorgó a la lista de Herritarren Zerrenda, que consideró como "plenamente legitimada" para concurrir a los comicios.

Clientelismo político y electoral

El representante judicial español señaló que "la llamada que se hace a los ciudadanos abertzales y de izquierda es algo definitivamente esclarecedor, ya que la izquierda abertzale, con mayúsculas o no, se identifica con ETA, es su sustento, su clientela política y electoral, la referencia continua que vemos en sus comunicaciones y en sus boletines de información interna".

La fiscalía española reconoció que "la gravedad de la medida de exclusión de un proceso electoral, en principio, quebrante una pieza angular del sistema democrático, el derecho de participación política de los ciudadanos", aunque aseguró que la petición de ilegalización de la lista electoral "trata de evitar por todos los medios" la postulación de personas con "vinculación personal a partidos políticos ilícitos".

A pesar de que todavía no hay una sentencia firme, el Tribunal Supremo decidió prohibir de forma "cautelar" el registro de Herritarren Zerrenda en el censo electoral, derecho básico para todos los partidos que concurren a comicios, que será firme hasta que se adopte la resolución definitiva, prevista para el próximo viernes.

La formación nacionalista navarra Aralar (escisión de Batasuna) consideró que la medida está basada en "fines electoralistas" del Partido Socialista Obrero Español y del nuevo gobierno, que, a su juicio, realiza "una barbaridad como en su momento se cometió con Batasuna".

Joan Ridao, vocero de Esquerra Republicana de Cataluña (partido miembro del gobierno tripartito de Cataluña), señaló que la postura del Ejecutivo español encabezado por Rodríguez Zapatero "demuestra falta de reflejos alarmante si pretende, de cara al futuro, poner las bases para la solución del fenómeno de la violencia en el País Vasco", al calificar la iniciativa como "acto de regresión democrática que impide el derecho fundamental de concurrir a elecciones y que refleja un triste seguidismo del Partido Popular (de Aznar) en materia antiterrorista con el pretexto del cumplimiento de una ley de partidos, que es uno de los principales obstáculos para que exista un amplio consenso antiterrorista".