Afectar política y electoralmente a López Obrador, objetivo del gobierno federal

Denuncian PRD y PT triquiñuelas foxistas

Deploran en la Permanente que se intente resolver la sucesión presidencial con trampas

ANDREA BECERRIL Y JOSE ANTONIO ROMAN

Ante la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores de PRD y PT denunciaron la intención del gobierno federal de "torcer la ley" y acudir a "triquiñuelas" para afectar política y electoralmente al jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador.

"Las autoridades que antes eran oposición utilizan las instituciones para inhabilitar a un contrincante político, a un candidato a la Presidencia de la República", advirtió el coordinador de los senadores perredistas, Jesús Ortega, mientras que el diputado Gilberto Ensástiga enlistó los "errores" que, dijo, ha cometido la Procuraduría General de la República (PGR) en su afán de enjuiciar a López Obrador.

Ortega resaltó en tribuna las declaraciones que formuló poco antes Juventino V. Castro y Castro, ministro de la Suprema Corte en retiro, en el sentido de que un juez no puede pedir a la PGR el desafuero de un funcionario, como el jefe de Gobierno, ya que quien debe hacerlo es el máximo tribunal del país.

"Efectivamente, no tiene facultad el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del jefe de Gobierno. Utilizaron ese recurso para poder inhabilitar política y electoralmente a Andrés Manuel López Obrador."

Ortega recordó que antes de los cambios electorales de 1996, un candidato a gobernador del PAN por un estado del sureste fue inhabilitado, al procesarlo por haber participado en una manifestación. "Hoy, a pesar de las reformas y del proceso democrático que vivimos, una calle solicitada durante años por los directivos de un hospital -para que pueda dar un mejor servicio a la ciudadanía- es el pretexto para inhabilitar a un contrincante político", expuso.

Se está torciendo la ley con el propósito de que la sucesión presidencial no se resuelva en las urnas, con el ejercicio del derecho de los ciudadanos a votar por su próximo gobernante, sino que se quieren sustituir las urnas por triquiñuelas legales de funcionarios facciosos y autoritarios. "šEse es el verdadero contenido de la acción que realizan la PGR y el Presidente de la República!", exclamó.

Agregó que ahí están las palabras de un precandidato presidencial, Jorge G. Castañeda, quien sostuvo que a López Obrador "hay que ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles".

El diputado del Partido del Trabajo Alejandro González Yáñez se sumó a los reclamos: "ƑQué pretende el presidente Fox? ƑDejar a su candidato (en Los Pinos) y por ello desde este momento está eliminando a los demás?"

Pidió luego congruencia al PAN y al presidente Fox, que acuden ahora, dijo, a lo que antes criticaron, al "manejo faccioso de las instituciones". Resaltó también que en ese afán de eliminar a los contrincantes "han cometido hasta errores".

En su turno, el perredista Gilberto Ensástiga habló de "las prisas y las intenciones políticas" de la PGR, que se han traducido en pifias. Una de ellas, indicó, es haber dirigido la petición de desafuero a la Comisión Permanente, y otra la de argumentar que un juez le ordena actuar contra el jefe de Gobierno, cuando ningún juzgador o magistrado puede invadir la esfera del Ministerio Público.

Otro error de la PGR, agregó, es que "no saben ni a quién dirigir la solicitud de desafuero, y como cualquier abogado de barandilla la turnan a quien corresponda".

En entrevista aparte, el coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez, resaltó que llama la atención que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, vuelva a mentir, al sostener que un juez administrativo pidió que se investigara el supuesto desacato de un amparo.

"Se está mintiendo, porque es un asunto del procurador y no de un juez. Lo que tenía que hacer el Ministerio Público era una averiguación, porque el desacato es algo que tiene que probarse", agregó.

Antes, al presentar un punto de acuerdo ante el pleno, la diputada perredista Cristina Portillo advirtió que la democracia está en riesgo, toda vez que el presidente Fox "pretende instaurar un nuevo autoritarismo y la judicialización de la política". Al no funcionar el caso Ahumada, ahora se van al extremo de querer desaforar a López Obrador para destruirlo políticamente, recalcó.

Propuso que se llame a comparecer de manera conjunta a los secretarios de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores y al titular de la PGR para que pongan a disposición de la Permanente toda la información en su poder respecto a Carlos Ahumada y Gustavo Ponce.