''No me eligieron para que me ponga suavecito con acaparadores; al diablo con los coyotes''

Censura López Obrador el uso de instituciones para tomar represalias

El gobierno las ha convertido en agencias políticas; desconoce el estado de derecho, dice

ANGEL BOLAÑOS Y LAURA GOMEZ FLORES

Al convertir a las instituciones en agencias políticas para tomar represalias contra sus adversarios, el gobierno desconoce el estado de derecho, afirmó Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, al advertir que ni en la última etapa del PRI en el poder ocu-rrían actitudes como el juicio de procedencia en su contra que solicitó la Procuraduría General de la República (PGR).

Si bien consideró preocupante el uso faccioso del Estado y sus maniobras para eliminar a un opositor, señaló que "si piensan que con esto nos van a espantar, pues la verdad es que no nos conocen; nosotros vamos a defender siempre causas justas con arrojo", y en el caso del litigio por el predio El Encino dijo que en su defensa no se incurrirá en actos de provocación, pero sí habrá firmeza.

Respecto del desplegado que publicaron ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, para expresar su respaldo a las resoluciones que en su momento han determinado los jueces y magistrados que han intervenido en el caso de El Encino, así como para rechazar imputaciones de deshonestidad, el funcionario dijo que respeta al Poder Judicial federal y no va a confrontarlo.

Reiteró sin embargo que es necesaria una reforma. ''Lo digo de manera respetuosa y no creo que por eso se vayan a ofender'', para establecer un mejor órgano de control interno que supervise el trabajo de los administradores de justicia.

Preguntó: ''¿A cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado la Judicatura? Cuando nos contesten eso vamos a ver si en efecto tienen un verdadero órgano de control'', apuntó.

No dudó en admitir que existan en juzgados y tribunales asuntos influenciados por ''un grupo de abogados''. No se trata de una calumnia, aclaró, sino ''lo que todo el mundo ve'', y como ejemplo de ello se refirió a la sentencia de un tribunal que ordenó al gobierno federal cubrir al ex banquero Carlos Cabal Peniche recursos depositados en Banco Unión, que podrían ascender a más de 3 mil millones de pesos, así como el expediente del Paraje San Juan, en Iztapalapa, en cuyo caso se ordenó al Gobierno del Distrito Federal el pago de una indemnización por mil 810 millones de pesos, ''y miren en qué terminó; hay todos los elementos para demostrar que hubo un fraude procesal''.

Y al llegar a este punto mandó ''al diablo'' a los acaparadores de predios, a los coyotes y a los corruptos.

''No me eligieron para que me ponga suavecito con los acaparadores de terrenos que son propiedad de la ciudad, o que me ponga de tapete de coyotes que están acostumbrados a saquear el erario; si lo hiciera, entonces dirían, con mucha solemnidad, como acostumbran: el licenciado López Obrador es respetuoso del estado de derecho. ¿Cómo les voy a dar mil 810 millones de pesos? ¿Y la gente, qué? Es para los adultos mayores, para los discapacitados, para la gente humilde. ¿Por eso me van a enjuiciar?'', replicó.

En el fondo, insistió, no es la ley ni que se esté violando el estado de derecho, es un pretexto por ''el miedo que tienen a que participe alguien del proyecto que nosotros representamos en 2006 y que tenga éxito''.

Se trata de un plan, previno, una tras otra, para no dejarlo en paz, pero lo que consideró más preocupante es el uso faccioso de las instituciones del Estado, lo que significa desconocer el estado de derecho.

''No aceptamos que la Procuraduría General de la República o las instituciones se conviertan en agencias políticas para tomar represalias en contra de sus adversarios; esto realmente no se daba en el país desde hace algún tiempo; incluso en la última etapa del gobierno de ese partido que duró tanto en el poder (PRI) ya no se presentaban estos asuntos''.

El jefe de Gobierno prefirió ayer no insistir en la posibilidad de diálogo con el presidente Vicente Fox, porque ''cada vez que menciono lo de la audiencia me recetan averiguaciones previas; entonces mejor vamos a esperar, no hablemos de eso'', y tocó madera, diez golpecitos seguidos en el respaldo del atril.

Lamentable, que la SCJN se preste a una leguleyada: Encinas

Por su parte, el secretario de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas Rodríguez, consideró lamentable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ''empiece a tener una intencionalidad política al prestarse a una leguleyada para inhabilitar al jefe de Gobierno, cuando no existe sustento jurídico'', pues nunca se violó la suspensión provisional que ordenaba detener los trabajos de construcción de una vialidad hacia el hospital ABC, en el predio El Encino.

El funcionario convocó a la gente a mantener la confianza, porque ''vamos a seguir adelante superando todos los obstáculos que se nos presenten, ya que este proyecto que iniciamos no tiene marcha atrás; tenemos su apoyo y confianza y no los vamos a defraudar''.

Mencionó que el procedimiento de desafuero del mandatario local no debió concretarse, pues en ocho ocasiones anteriores se determinó que no había violación a la suspensión provisional y prueba de ello es que se inició una obra alterna al predio para dar salida al hospital, sin ''utilizar un solo metro cuadrado de éste, por lo que estamos frente a un asunto de índole política y no jurídica''.

Encinas consideró que ''están preocupados, pues han hecho muchos esfuerzos por debilitar la imagen del jefe de Gobierno y frenar el trabajo en la ciudad, sin éxito, cayendo en un error grave'', el cual se acreditará conforme al procedimiento que se marque; nada más que lo haga bien la PGR, porque empezó mal enviando la solicitud a la Comisión Permanente en lugar de la Cámara de Diputados.

Por ello, la ''toma de posición política dentro de la Corte'' resulta lamentable; se trata de una situación sui generis, ''pues quien debió requerir de la procuraduría la solicitud de desafuero era la SCJN, no el juez, y nadie debe usar las instituciones del Estado para enfrentar a sus adversarios, estando por encima de la ley'', afirmó.

Sin embargo, es evidente que se trata de un ataque para debilitar la imagen del mandatario capitalino con miras a 2006, asunto que debiera dirimirse en las urnas y no en los tribunales, dijo al descartar la posibilidad que una situación similar se registre con los predios en disputa llamados La Mexicana y la Fama Montañesa.