México D.F. Jueves 20 de mayo de 2004
La impartición de justicia dejó
de estar subordinada a consideraciones políticas, dice
No doy línea a jueces, magistrados ni
legisladores, asegura Vicente Fox
En el caso El Encino, ''la PGR no actuó motu
proprio; cumplió una orden del Poder Judicial''
ROSA ELVIRA VARGAS
En
su primera alusión a la solicitud de desafuero que interpuso la
Procuraduría General de la República (PGR) contra el jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador,
el presidente Vicente Fox aseguró que él no da línea
a los jueces ni magistrados, y tampoco da indicaciones a los legisladores.
Se reivindicó nuevamente como titular del ''primer gobierno de la
democracia''; aseguró que quedó atrás el tiempo en
que la impartición de justicia se subordinaba a consideraciones
políticas y en el que el jefe del Ejecutivo intervenía en
las resoluciones.
Sin embargo, en los doce párrafos que el Presidente
dedicó al tema, no consideró necesario o conveniente referirse
en específico a López Obrador. Dio por hecho que su auditorio
sabía bien a qué se refería y por ello sólo
aclaró que la PGR ''no actuó motu proprio'' y que
''sólo cumplió con una orden'' emitida por el titular de
un órgano del Poder Judicial de la Federación.
Durante la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario
de la industria de televisión por cable, que tuvo lugar en el Palacio
Postal, Fox aseguró que la democracia ha marcado el fin del gobierno
de los hombres y el inicio del gobierno de las leyes.
Empero, más adelante dijo que en México
la democracia apenas está en construcción y, en ese contexto,
personas e instituciones deben sujetar su comportamiento al imperio de
la ley, y reconocer la división de poderes como un pilar fundamental
de la vigencia del estado de derecho.
Inició su referencia al hecho de que actualmente
se promueva la destitución del jefe de Gobierno capitalino al señalar
que el respeto a la legalidad y la vigencia del estado de derecho ''han
sido históricamente los puntos más vulnerables de nuestro
desarrollo político'', y que su compromiso con la legalidad ''es
irrenunciable''.
Mencionó que todo acto de autoridad tiene su fundamento
en las normas jurídicas vigentes, y que a partir de ellas la relación
entre el derecho y el poder público se rige por la legalidad para
garantizar que ningún ciudadano esté desprotegido ''frente
al arbitrio o la arbitrariedad de los gobernantes''.
Para ilustrar su actitud de no interferir en los criterios
de jueces, magistrados o legisladores, Fox Quesada señaló
que en aquellos casos ''de gran trascendencia'', donde los tribunales federales
han fallado en contra del titular del Ejecutivo, éste ''de manera
invariable ha acatado sus resoluciones''.
México saldrá fortalecido...
Y es que, apuntó, nada degrada más a una
sociedad que observar cómo la ley es desobedecida por quienes deben
ser los primeros en acatarla, y ubicó a la PGR como una instancia
''obligada a ejecutar las disposiciones de un tribunal autónomo,
en estricto apego al principio de división de poderes''.
En resumen, a decir del mandatario, la Procuraduría
General de la República en este caso (El Encino) sólo cumple
la orden de un órgano del Poder Judicial, y ahora corresponde al
Legislativo ''allegarse los elementos que considere pertinentes para continuar
con el caso y definir lo procedente''.
Concluyó que al cumplir con las exigencias de la
norma jurídica y de la democracia, México saldrá fortalecido.
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