Miguel Concha Malo

Discriminatoria ley de convivencia

Del 7 al 9 de mayo se realizó en la ciudad de México un seminario titulado Seguridad pública, prevención del delito y derechos humanos: construyendo alternativas desde la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos. Organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, reunió a expertos que presentaron investigaciones que se realizan en distintos centros e instituciones en torno a este tema.

Para quienes habitamos en la ciudad de México es de vital importancia destacar la discusión que se dio a propósito de las experiencias que hemos tenido en la materia las organizaciones de derechos humanos que nos encontramos en el Distrito Federal, en especial frente al recientemente aprobado proyecto de dictamen de la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal.

Llamada también ley Ebrard o ley Giulliani, el proyecto recoge en gran medida la iniciativa de ley de convivencia ciudadana presentada por el jefe de Gobierno, así como otras dos iniciativas que se encontraban en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), e incorpora algunas de las sugerencias del ex alcalde de la ciudad de Nueva York.

Se trata, sin duda, de una ley inaceptable, por penalizar la pobreza y castigar la marginalidad, así como por prohibir el trabajo informal libre de los franeleros y los limpiaparabrisas, castigar la mendicidad en centros comerciales y de entretenimiento, y retirar de la vía pública a niños y niñas en situación de calle.

Contrariamente a lo estipulado por la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México, el proyecto establece que los niños y niñas de 11 años de edad son responsables administrativamente de infracciones, continuando con la tendencia de sancionar a menores como si fueran adultos.

El Gobierno del Distrito Federal ha sido fuertemente criticado por las organizaciones de derechos humanos y la misma CDHDF, así como por los partidos de oposición en la ALDF, por ser el promotor de una ley que criminaliza a la gente que se encuentra en situación de pobreza. Lejos de atacar la falta de oportunidades para el empleo, así como la falta de medidas alternativas al comercio ambulante y la indigencia, el gobierno parece lanzarse en una cruzada contra aquellas personas que están más vulneradas y se enfrentan a las consecuencias de una política pública insuficiente, que no satisface sus derechos más elementales.

En los casos mencionados se propician además las detenciones arbitrarias, el abuso de autoridad, la tortura y malos tratos, ya que las acciones se enfocan más a la captura y el endurecimiento de penas que a la prevención del delito y la protección de las garantías de las personas. Al hablar de las penas propuestas, no se menciona tampoco la lucha contra la impunidad ni el combate a la corrupción, que deberían ser los presupuestos de iniciativas de este tipo, pues todos sabemos que el problema no se centra sólo en quienes trabajan en la vía pública, sino también entre aquellos que lo han fomentado durante años.

Por último, esta nueva legislación presenta graves incongruencias y contraviene preceptos constitucionales e instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos ratificados por México, al imponer a los infractores penas inconmutables de 36 horas de cárcel. Contrariamente a lo establecido en el artículo 21 constitucional, se pretende incluso imponer a los ciudadanos obligaciones que no les corresponden, como podría ser la vigilancia de las calles por parte de los mismos franeleros autorizados. Se establece también la posibilidad de un doble juicio, que está prohibido en el artículo 23 constitucional, además de que ahora puede arrestarse a cualquier ciudadano con la sola presunción (la famosa "cuasiflagrancia").

Los ciudadanos preocupados por una seguridad pública acorde con los derechos humanos, y por una convivencia ciudadana que dé cabida a todos, hacemos un firme llamado al jefe de Gobierno para que, en congruencia con lo que expresó al dar a conocer las cifras más recientes de los índices delictivos, vete esta ley, y en el ámbito de su competencia dé inicio a todo un proceso en el que se establezcan las bases para una reforma estructural, que dé pie a una política pública que garantice los derechos humanos de los excluidos, incluso los económicos, sociales y culturales: "El problema de la inseguridad -dijo, en efecto, el pasado día 12- no se puede enfrentar sólo con mano dura; es necesario que se combata la desigualdad social y se generen oportunidades y mejores condiciones de vida".