La creación de superpolicía, inadecuada, advierte

Desestima la CIDH propuesta de reforma penal del Ejecutivo

La creación de una superpolicía y su separación del Ministerio Público no sólo es "inquietante, sino inadecuada", pues se correría el riesgo de que la policía investigadora "hiciera de las suyas" y cometiera abusos, ya que únicamente rendiría cuentas a una institución puramente policial o ante sí misma, aseguró Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un encuentro para debatir la reforma al sistema de justicia penal en México, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, García Ramírez indicó que es "preocupante" el impulso para facilitar el ejercicio de la acción penal, como propone la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo federal en marzo pasado. Situación, afirmó, que resulta "muy delicada, pues pronto se podría procesar por cualquier motivo y a cualquier persona".

Si bien reconoció que gran parte de esta iniciativa de reforma constitucional "representa un avance muy valioso", agregó que la intención de establecer una "reserva cautelosa y peligrosa" en lo que respecta a delincuencia organizada -pues se reserva el derecho de establecer los términos y modalidad en que será investigada y perseguida- "nos llevaría a la consagración constitucional de un doble enjuiciamiento: uno de garantías plenas para la generalidad de los delitos y otro de garantías recortadas o sin garantías para los delitos considerados como delincuencia organizada".

En el encuentro en el que participaron especialistas en la materia, reiteró que si bien se debe combatir con energía y rigor este tipo de delitos, "en ningún caso se pueden dejar de lado las garantías constitucionales, al crear un sistema paralelo de garantías recortadas".

No se trata, aclaró, de defender delincuentes, sino de respetar el estado de derecho, "pues se podría entreabrir una puerta para tener en el futuro dos sistemas procesales, uno con garantías y otro sin ellas".

Al respecto, Sylvia Aguilera, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que a pesar de que la participación de la sociedad civil era importante para elaborar dicha iniciativa, ésta "no fue consensuada ni abierta a la discusión ciudadana, lo que revela la concepción que mantiene el Estado sobre los temas en los puede participar la sociedad".

En una situación de crisis política como la que vivimos, aseguró, no se puede perder de vista que el objetivo central de dicha propuesta debe ser garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, "y no hacer más eficiente una empresa que llamamos Estado", pues es el reclamo de las víctimas lo que generó la posibilidad de encauzar dichas reformas.

Por su parte, José Carrera Domínguez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, señaló que la transformación del sistema de justicia penal mexicano requiere "no sólo una reforma legal, sino de las instituciones, pues de lo contrario sólo quedaría en buenas intenciones, por lo que de impulsar una verdadera reforma, ésta deberá ser integral".

Es necesario, destacó, no sólo considerar a las procuradurías estatales y a los tribunales superiores de justicia de los estados para renovar el sistema de justicia penal, sino además deberá tomarse en cuenta cómo se modificará todo un sistema que hasta hoy genera grandes cargas de trabajo para jueces y agentes de ministerios públicos, además de una infraestructura insuficiente y en condiciones que no son las óptimas.