México D.F. Sábado 15 de mayo de 2004
Evalúa otra salida jurídica a
conflicto por predio El Encino
PGR, en desacato si no pide desaforar a López
Obrador
El lunes dará a conocer su decisión de
manera formal
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
A pesar de que este viernes la Procuraduría General
de la República (PGR) concluyó la averiguación previa
contra Andrés Manuel López Obrador, jefe del Gobierno del
Distrito Federal, como presunto responsable de los delitos de abuso de
autoridad y desacato a una resolución judicial, la dependencia dará
a conocer el lunes próximo si solicitará al Congreso de la
Unión que le inicie un juicio de procedencia para retirarle el fuero,
el cual impide que sea consignado de manera directa ante un juez federal.
Según
fuentes oficiales, la PGR podría determinar que López Obrador
no incurrió en ilícitos, tras analizar los argumentos presentados
por el Gobierno del Distrito Federal para no cumplir el mandamiento judicial,
pero entonces la dependencia federal cometería el delito de desacato
a un mandamiento judicial.
El apoderado legal de Promotora Internacional San Fe,
Fernando Espejel Cisneros, indicó que la PGR debe avalar la decisión
del juzgado noveno de distrito, el cual determinó que López
Obrador incumplió el mandamiento judicial y por tanto debe ser llevado
ante los tribunales.
Explicó que el involucramiento de la PGR en este
asunto se debe a que el Ministerio Público Federal es la única
instancia que puede ejercitar acción penal y por ello el juzgado
noveno le dio vista para que se iniciara la averiguación previa
contra López Obrador.
Espejel Cisneros señaló que en este momento
no está a discusión si el gobierno capitalino debe devolver
el predio afectado a la empresa que representa, pues la Suprema Corte determinó
que antes de ello se deben conocer estudios que dictaminen si son necesarias
o no las vialidades que se construyeron.
Refirió que la PGR puede resolver no ejercitar
accción penal contra López Obrador por el delito de abuso
de autoridad, como lo determinó el séptimo tribunal colegiado
en materia administrativa, pero entonces la dependencia federal incurrirá
en desacato a un mandamiento judicial.
En conferencia de prensa, el subprocurador de Investigación
Especializada en Delitos Federales de la PGR, Carlos Javier Vega Memije,
aseguró que "el agente del Ministerio Público que tramita
la averiguación previa 1339/FESPLE/2001 continúa trabajando
para dar cumplimiento a la sentencia de amparo concedida a Promotora Internacional
Santa Fe, propietaria del predio El Encino".
Indicó que "en tal virtud será el día
hábil siguiente, es decir, lunes 17 de mayo, cuando se comunicará"
al juzgado cuarto de distrito el cumplimiento de la sentencia, en la cual
se obliga a la PGR a dictaminar si López Obrador incurrió
en el delito de abuso de autoridad, como lo denunció ante el Ministerio
Público Federal, el 31 de enero de 2002, el séptimo tribunal
colegiado en materia administrativa.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en la PGR hubo
una modificación de criterio en horas recientes, y mientras el pasado
jueves la decisión era que se pidiera el juicio de procedencia contra
López Obrador, hasta la noche del viernes se analizaba otra salida
jurídica al caso.
La acusación por abuso de autoridad derivó
del incumplimiento que según el juzgado noveno de distrito en materia
administrativa -primera autoridad judicial que conoció del caso-
cometió el jefe de Gobierno al no haber respetado la orden de suspender
los trabajos de apertura de vialidades en las fracciones expropiadas, que
servían de acceso al predio El Encino, y abstenerse de bloquear
y cancelar los accesos a dicho lote, ya que estaba en proceso un juicio
para que se declara nulo el decreto mediante el cual la entonces jefa del
GDF, Rosario Robles, expropió el terreno de 100 mil metros cuadrados
en noviembre de 2000.
Ante la continuación de las obras, los dueños
de El Encino promovieron un incidente de violación al amparo, mismo
que el 30 de agosto de 2001 se declaró fundado y por ello el 22
de septiembre de 2003 el Ministerio Público Federal inició
la averiguación previa contra López Obrador.
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