Malestar del tricolor por imposición de nueva multa

Hay "afán persecutorio" contra el PRI en el instituto electoral

ALONSO URRUTIA

Tras la nueva multa impuesta en su contra, esta vez a instancias de una "inconstitucional" queja de una ciudadana extranjera, el PRI se dijo víctima de un afán persecutorio del nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), que pretende con estas políticas, según el tricolor, legitimarse ante la sociedad, afirmaron los representantes priístas ante ese organismo, Rafael Ortiz y Erick Jaimes, quienes calificaron a los consejeros de ignorantes en la aplicación de la ley.

Aun cuando la multa (22 mil pesos) es relativamente pequeña comparada con las sanciones a que se ha hecho acreedor el partido por el Pemexgate o sus manejos ilegales de campaña en 2003, en esta ocasión lo que irritó a los representantes priístas fue la "ignorancia" con que actuaron los cinco consejeros que avalaron una sanción "abiertamente ilegal", aprobada durante la sesión del Consejo General el viernes pasado.

La suma de multas y pagos que ha hecho el PRI en los últimos meses arroja que en la actualidad ese partido aún adeuda 430 millones de pesos como remanente de la histórica multa de mil millones de pesos que se le aplicó al partido por el llamado Pemexgate. A ello deben añadirse los castigos por 89 millones que recientemente le fueron aplicados por los malos manejos en el gasto de la campaña federal de 2003, pero que aún se encuentran subjudice, pues la determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ortiz consideró inadmisible que el Consejo General del IFE haya aprobado sancionar a su partido teniendo como origen la queja presentada por Sheila Lorimore Clarke, residente en Oaxaca pero extranjera, quien externó su inconformidad porque el PRI pintó una barda de reciente construcción el 9 de mayo de 2003.

El representante priísta manifestó que la Constitución y la legislación electoral establecen claramente que ningún extranjero puede promover una queja en materia electoral. La Carta Magna es clara, insistió, pues expresamente señala que solamente los ciudadanos mexicanos podrán interponer recursos en la materia.

Al respecto, el consejero y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Marco Antonio Gómez Alcántar -uno de los tres consejeros que se opusieron a la sanción-, coincidió con la argumentación priísta de que constitucionalmente no se debió haber dado entrada a la queja y mucho menos haber sancionado por ella.

-¿Hubo error en la actuación del IFE?

-En mi opinión fue poco estudiada y un tanto cuanto apresurada la determinación no sólo de no devolver la queja para su análisis en cuanto a su origen, sino en la sanción aprobada en esa misma sesión -apuntó el consejero.