Es muy grave que funcionarios públicos confundan sus convicciones personales con la aplicación de la ley y no ejerzan su función médica. En el caso de Paulina, violada a los 13 años y madre a los 14, los ginecólogos del Hospital General de Mexicali, que se negaron a hacerle el aborto, olvidaron que a diario reciben en ese nosocomio a muchísimas mujeres que padecen las consecuencias de un aborto mal practicado y realizan entonces un legrado sin juzgar a la mujer ni darse por enterados.
Vivimos en un Estado laico y aunque Baja California votó por el PAN, el partido político mexicano que más cercanía tiene con la Iglesia católica, la orden del Ministerio Público era muy clara: interrumpir el embarazo. En México se respeta a las distintas iglesias y ningún funcionario público puede imponer sus creencias religiosas por encima de la ley. Sin embargo, contra Paulina se ensañaron todos los fundamentalismos a tal grado que la niña prosiguió con su embarazo, aunque a los 13 años es más riesgoso llevar a cabo la gestación que interrumpirla.
(Entre el doctor Ismael Avila Iñiguez, Isabel Vericat, Silvia Reséndiz Flores y yo la discusión es candente. En un momento dado, trato de que baje la tensión y digo:)
-Pero doctor, ¿cuál es la gran diferencia entre las mujeres que llegan al hospital en mal estado por las consecuencias de un aborto mal practicado y ustedes les hacen un legrado, y una niña de 14 años que ha sido violada e incluso trae una orden del Ministerio Público para que se le practique?
-Para mí no existe ninguna, pero me gustaría que pudiera preguntárselo a uno de los ginecólogos del hospital cuando dice: ''Yo no estoy aquí para matar a nadie, yo estoy aquí para tratar de preservar la vida, no para acabarla". Como le digo, esa es su situación particular, ni tan siquiera es la mía. Mi papel es decir: ''Tengo una orden de la autoridad que debe cumplirse". Si el médico se ampara al día siguiente porque sus creencias le impiden practicar la intervención, tengo que buscar a otro. Hasta ahora, en este penoso asunto, mi problema ha sido laboral.
-Doctor, ¿y la especialidad de usted cuál es?
-Soy cirujano general.
-Usted, incluso, hubiera podido hacerlo...
-Desgraciadamente hice cirugía general y si hay ginecobstetras aquí, ellos son los especialistas. Hice legrados hace 15 años, ya no tengo la experiencia y no me atrevería.
-¿Cómo es posible que usted se atreviera a imponerle una maternidad que ella no buscó, una niña de 14 que dijo muy claramente que su deseo era abortar tras ser violada?
-No me impuse, se desistieron.

-Pero doctor, ¿no fue Paulina víctima de una doble violación, la física que le provocó su embarazo y la violación de su intimidad? ¿Por qué le impidieron librarse de tamaño trauma que va a cargar durante el resto de su vida? En 31 estados del país existe la legalidad del aborto en caso de violación.
-Fui respetuoso de los médicos ginecólogos y finalmente lo fui de la decisión de María Elena, la madre de Paulina y de la propia Paulina.
-Es que a mí, doctor, lo que no me cabe en la cabeza es que una niña llegue con un problema semejante -la monstruosidad de una violación- y nadie se ponga en su lugar, nadie la apoye, nadie le diga: ''No te preocupes, esto te lo vamos a resolver". ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el rechazo a una acción indignante? ¿Dónde la compasión? Tal parece que todos quisieran privilegiar al violador, mejor dicho, al pene del violador y a su espermatozoide agresor y heroinómano.
-Puedo asegurarle que en este hospital, todos somos humanistas.
Ilegítimo, dejar a un paciente tirado
(Isabel vuelve a la carga diciéndole que en Italia el aborto es legal, pero en algunos hospitales hay grupos de médicos católicos que se niegan a hacerlo y se declaran ''objetores de conciencia", lo cual es perfectamente respetable, por tanto, en todos los hospitales públicos debe haber un grupo de galenos dispuestos a acatar la ley y hacer un legrado cuando éste sea necesario y él, Ismael Avila Iñiguez, como director del Hospital General de Mexicali, no garantizó que hubiera un médico dispuesto a la interrupción del embarazo).
El aborto, legal en 87% de países
(En 87 por ciento de los países del mundo el aborto es legal, si se hace antes de los tres meses. Si el Estado mexicano dijera, como en Brasil, que ''los niños producto de una violación gozarán de un salario mínimo hasta los 21 años'' sería magnífico; no sería necesaria la petición de legalizar el aborto, pero como esto no ha sucedido, sigue habiendo miles de niños para los que la vida es un mal sueño. Indefensos, maltratados, la situación de angustia y temor en la que viven afecta su desarrollo personal. Dentro de ese contexto, ¿qué futuro le espera a un niño engendrado por estupro?)
La peor manera de nacer, una violación
-Doctor, nosotras no somos proabortistas. Aquí nadie quiere el aborto, nadie lo está promoviendo. Lo que buscamos es que no nazcan niños no deseados para que no haya más vidas desdichadas en el mundo. Eso es todo. Una violación es la peor manera de venir al mundo. Además, algo debe andar muy mal porque se practican millones de abortos todos los días. En este país ni se diga, de acuerdo con el Conapo (Consejo Nacional de Población), en cifras de 1993 a 1995, se hicieron 200 mil anuales, entre inducidos y espontáneos. Su costo moral y humano es altísimo. Y no se diga el de las violaciones que la mayoría de las mujeres se abstiene de denunciar, porque al ir a la delegación caen en el infierno del primitivismo, del machismo y del ''tú te lo buscaste", que curiosamente coincide con la declaración de Jesús Marcos Giacomún de Vertebra, Nuevo León:
''Las violaciones suceden porque la mujer está provocando o anda en lugares muy aislados, por donde no debe caminar, ya que es más fácil tomar un taxi: si es violada y no quiere tener al bebé, puede darlo en adopción; incluso en Estados Unidos están dando hasta 20 mil dólares por un niño. Entonces, sí conviene que las mujeres violadas tengan su hijo."
Yessica Yadira se suicidó a los 16 años
En 1997, en Durango, Yessica Yadira Díaz Cazares, de 16 años, fue violada por tres tipos en el camino de su casa a la escuela. Los denunció y no sólo no se le hizo justicia sino que los agentes del Ministerio Público se burlaron de ella, la maltrataron, la insultaron, cayó en una profunda depresión hasta que se suicidó. Más recientemente, el pasado 3 de febrero, una mujer de 22 años se tiró desde una ventana a siete metros de altura porque la violaron en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El recuento de horrores es interminable. Según la abogadaa María del Socorro Maya y Liliana Plumeda, el número de violaciones en Mexicali es de 600 al año.
''Y en vez de disminuir van en aumento -dice María del Socorro- porque no estoy contando a todas las que pasan al otro lado y pagan 300 dólares por un aborto".
El Grupo Alaíde Foppa
Quien atrajo la atención del subprocurador de Derechos Humanos de Mexicali, Federico García Estrada, al caso de Paulina, fue una singular asociación de mujeres, el Grupo Alaíde Foppa, capitaneado por Silvia Reséndiz Flores y Rebeca Maltos Garza. Ninguna de las dos tiene pelos en la lengua.
''¿Conociste a Alaíde?" -le pregunto a Silvia y me dice que no. ¿Qué diría Alaíde de toda esta lucha llevada en su nombre? Seguramente se sentiría orgullosa de darle su sello a esta batalla y ver su rostro bellísimo multiplicado en carteles como el que ilumina con una luz azul el despacho de García Estrada.
En cierta manera, resulta lógica la existencia de este grupo de apoyo a mujeres en Mexicali, donde la agresión que sufren éstas es cotidiana.
El Grupo Alaíde Foppa lo integran además de Silvia Reséndiz Flores y Rebeca Maltos Garza, profesionales como Silvia Beltrán, Aurora Godoy, Leticia Maldonado, Maricarmen Rioseco, María Santos, Nancy Soto y otras que brindan todo tipo de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia, cuando ''ayudarlas legalmente no es suficiente", como bien dice Socorro Maya.
Uno de los logros más importantes del grupo es la declaración del 14 de noviembre de 1999, a propósito del caso de Paulina, en la que privaron los intereses de un grupo sobre las constituciones federal y estatal: ''...Es obligación del estado de Baja California garantizar a las ciudadanas que acudan a las instituciones de salud a solicitar un aborto legal, que reciban atención médica, expedita y confidencial..." En vez de cumplirse la orden, ''grupos fundamentalistas como Pro Vida presionaron a la familia para que se desistiera de la práctica legal del aborto... Creemos que se violó el derecho de la paciente a la confidencialidad, así como el respeto a su decisión".
García Estrada, magnífica recomendación
Si Socorro Maya, la abogada de la familia, llama a Paulina ''la personita", el subprocurador de Derechos Humanos de Mexicali, Federico García Estrada, le dice ''la menor de edad". Moreno, de pelo blanco, sus recomendaciones han causado la admiración de las integrantes de GIRE (Grupo de Investigación en Reproducción Elegida) y aunque es Socorro quien lleva la parte legal del caso, la aportación de García Estrada resulta esencial.
Dilación y tortuguismo del hospital
-La violación ocurrió el 31 de julio de 1999 -dice Federico García Estrada-. El 20 de agosto Paulina y su madre consultan a una doctora y les confirma: ''La niña está embarazada". La misma ginecóloga les dice que consigan la autorización del Ministerio Público y que ella le practicará el legrado de inmediato. El 3 de septiembre la señora María Elena obtiene la autorización estipulando que tiene que hacerse en el Hospital General de Mexicali. A partir de ese momento campean la dilación, el tortuguismo, el burocratismo con el propósito de cansar a la familia. A pesar de todo María Elena, Paulina y Humberto se mantienen incólumes. Nada ni nadie los hace cambiar de opinión. ''Somos gente que no 'conocemos' ni hemos estudiado, pero sabemos lo que queremos. Estamos seguros". Ejercen sus derechos: ''Este embarazo no es producto de un descuido en una relación de noviazgo, no es producto de una relación afectiva, es el resultado de una violación". Tienen derecho al aborto. Paulina, además, va muy bien en la secundaria y es la única de los ocho que ha llegado hasta allá".
Adiós al festejo de 15 años
Habla María Elena, madre de Paulina: ''La niña, porque así le decimos, además de tener que dejar la escuela (es la única de mis ocho hijos a punto de terminar la secundaria y teníamos la ilusión de que saliera adelante) estaba esperando su fiesta de 15 años, con su misa, su baile, su vestido rosa largo, sus padrinos, sus damas, sus chambelanes, su pastel. ¿Ahora con qué cara se la hacemos? Es la última de mis hijos. Teníamos una alcancía. Desde que llegamos de Salina Cruz no hemos sino ahorrado para su baile de quince años. Ella ya había enlistado a sus compañeros de escuela. ¿Cómo vamos a festejarla ahora con un niño o una niña?").
Voluntad inquebrantable
Continúa Federico García Estrada: ''No las convencieron ni el Ministerio Público, ni el procurador, ni el sacerdote, ni la gente de Pro Vida, ni la presión dentro del hospital. Ninguno logró quebrantar su voluntad''.
El recurso de la muerte fatal fue lo que doblegó a la familia Ramírez Jacinto.
Que se indemnice a Paulina
-El procurador de Derechos Humanos, Antonio García Sánchez -prosigue García Estrada-, acaba de emitir una recomendación dirigida al gobernador del estado, Alejandro González Alcocer, en la que pide la destitución del director del hospital general y la creación de un fideicomiso para reparar el daño material y moral que se ha causado a la futura madre para cubrir los gastos realizados hasta ahora, así como la educación y la atención médica de la madre y la criatura hasta la mayoría de edad.