Convenio entre campesinos y gobierno para crear comisión revisora del ANC

Las divergencias son la bondad del acuerdo para el campo: Usabiaga

El pacto es de largo aliento, responden los funcionarios a los reclamos

Integrantes de organizaciones reprochan a sus líderes la ausencia de movilizaciones

MATILDE PEREZ U. Y CARLOS CAMACHO REPORTERA Y CORRESPONSAL

Al cumplirse un año de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), las organizaciones firmantes y el gobierno federal anunciaron la conformación de la comisión especial de seguimiento y continuidad a los trabajos del convenio, y un consejo de competitividad para dar viabilidad al comercio nacional e internacional.

Al concluir la sesión solemne extraordinaria del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, los secretarios de Economía, Fernando Canales Clariond; Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, y de Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, aseveraron que si bien hay divergencias con las organizaciones campesinas, particularmente en el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en otros aspectos se atienden las demandas campesinas. "La bondad del acuerdo son las divergencias y no se trata de medir en porcentajes ni en puntos concluidos los compromisos", dijo Usabiaga, mientras Canales Clariond acotó: "el gobierno está abierto y atento a atender y escuchar las demandas campesinas".

Los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, y Desarollo Rural, Pesca y Alimentación Sagarpa y Economía puntualizaron que la evaluación del TLCAN, realizada por académicos, es la respuesta a uno de los compromisos del ANC, y si bien al erario le costó 2.5 millones de pesos, es un estudio que servirá para discutir los pros y contras de cada uno de los productos agropecuarios y afinar las discrepancias. "Es un acuerdo de largo aliento que trae consigo una nueva visión para generar riqueza en el campo", asentó Usabiaga Arroyo. La expectativa del gobierno es lograr que en dos años se tenga una balanza agropecuaria superavitaria, agregó Canales Clariond.

Al mediodía, en la clausura del foro de análisis del ANC, a la que convocó el Congreso Agrario Permanente (CAP), el subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Antonio Ruiz García, negó que el gobierno incumpla el convenio. Los compromisos pactados son de largo aliento y todos debemos crear las condiciones propicias para aplicarlo, asentó, y señaló que la solución a la pobreza rural llevará tiempo.

Afirmó que "es notable la velocidad con la que se resuelven los asuntos del campo", y reiteró que el gobierno federal sí atendió el compromiso pactado de revisar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; "los resultados revelan que habrá que hacer ajustes particularmente en el ramo de los granos, pero no hay que renegociarlo porque hay avances y tendencias positivas".

Allí, una vez más, los asistentes reclamaron la falta de voluntad política del gobierno federal para atender sus exigencias y la estrategia de dispersión empleada para evitar profundizar en el apoyo a la organización campesina, capacitación, financiamiento, entrega de tecnología y ordenamiento del mercado. Pero también hubo reclamos por la "falta de capacidad de reflexión y análisis de los participantes y por la decisión de no realizar movilizaciones para reclamar que se atiendan los 282 compromisos pactados".

"¿Dónde están las reuniones que se lograron en enero del año pasado; por qué no se realizó una movilización como entonces?", reclamó un campesino de Puebla a los dirigentes de las 12 organizaciones del CAP, quienes por la tarde asistieron a la reunión extraordinaria del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, presidida por el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, que se llevó a cabo en el WTC.

Allí ya no acudieron los contingentes de la Unión Campesina Democrática ni de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas.

Algunos de los campesinos reunidos en el acto del CAP consideraron que la invitación a dicha reunión extraordinaria fue un "acto del gobierno para desmovilizar a los campesinos. A nosotros nos convocaron para realizar el análisis aquí, en un lugar cerrado y después ellos -los dirigentes campesinos- se van a ese otro foro con el secretario de Agricultura y no presionaron para que nosotros participáramos".

Demandaron el cambio de las reglas de operación para todos los programas, pues los existentes son "complicados e inoportunos", y propusieron sanciones administrativas para todos los funcionarios de las dependencias federales que obstaculicen el ejercicio del presupuesto para el campo.

En breve entrevista al llegar al foro, el director de la Financiera Rural, José Antonio Meade Kuribeña, dijo que la institución está logrando "una operación razonable". El año pasado colocó mil 800 millones de pesos, gestionó 4 mil millones de pesos en cartera y formalizó compromisos por más de 4 mil millones de pesos. "Este año la operación será más vigorosa y solvente, pues en el primer trimestre ya colocó mil 200 millones de pesos, ocho por ciento superior al monto que logró Banrural en 2000; se estima llegar a otorgar créditos por más de 10 mil millones de pesos".

Por su parte, el movimiento El campo no aguanta más lamentó que el ANC terminara en "un regateo entre algunas organizaciones y funcionarios gubernamentales en torno a los recursos asignados para varios programas, y que no se sostuviera la amplia coalición campesina que se formó para impulsar las demandas campesinas".

En una declaración a un año de la firma del ANC, las organizaciones del movimiento anunciaron que construirán una coalición más amplia, con organismos regionales e internacionales, para lograr la "revaloración del papel de los campesinos e indígenas en el desarrollo de México, reconocimiento de sus contribuciones económicas, sociales y culturales y de cuidado ambiental, y por una nueva relación entre la sociedad urbana y la rural".

Campesinos de la sierra y del valle del Mezquital tomaron las oficinas de la delegación estatal de la Sagarpa, y después se plantaron frente al Palacio de Gobierno donde forcejearon con personal de seguridad cuando intentaban entrar al edificio.

Encabezados por José Luis Alcocer, dirigente estatal de la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas, Obreras y Campesinas (CIOAC), unos 150 indígenas, principalmente de la sierra de Molango, Calnali y Tezontepec de Aldama, llegaron a la delegación de la Sagarpa, ocuparon las oficinas por espacio de dos horas y luego partieron rumbo a la sede del Poder Ejecutivo estatal.

Allí intentaron entrar por la fuerza y fueron repelidos por personal de seguridad. Los campesinos denunciaron que sufrieron agresiones, y una mujer con la mano vendada dijo que se la habían fracturado. Del otro lado, los funcionarios argumentaron que los empujones y golpes se los propinaron los propios manifestantes cuando pretendían ingresar por la fuerza.

En la explanada de la plaza Juárez se apreciaban mantas con leyendas en contra del gobierno hidalguense. En una se leía: "Núñez, atiéndenos como cuando pides el voto". En otra se denunciaba el monopolio del servicio de autotransporte público en la región de Tezontepec de Aldama.

Además, los manifestantes exigen ser considerados en el programa Vivienda Digna y que no se den migajas al campo hidalguense.

Al final, una comisión fue atendida por Carlos Trejo, funcionario de la Secretaría de Gobierno, quien ofreció analizar y atender en lo posible cada una de sus demandas.