Ayer, en el contexto de la séptima asamblea nacional ordinaria de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de la Confederación Nacional Campesina (CNC), realizada en Pachuca, Hidalgo, el titular de esa organización, Efraín Bello García, propuso que 10 entidades del país sean declaradas por el gobierno zonas de reserva de maíces criollos y pidió a las autoridades que se imponga un arancel a las variedades transgénicas de ese cereal que se importan desde Estados Unidos y Canadá. En el mismo encuentro, Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, demandó al gobierno federal que postergue la liberación de impuestos a las importaciones de maíz, estipulada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para 2008, toda vez que ello, dijo, "causaría un daño irreparable a los productores".

Los propósitos referidos, particularmente la propuesta de establecer reservas para las variedades de maíces criollos en 10 estados, son iniciativas que merecen ser escuchadas y llevadas a la práctica. Los abundantes señalamientos acerca de los peligros que podría conllevar el uso irrestricto de variedades transgénicas de maíz, y de otras especies de cereales, frutas y verduras, no sólo destacan los riesgos de la biotecnología industrial para la biodiversidad del mundo sino también para el tejido social agrario que aún no ha sido destruido por el neoliberalismo, el libre comercio y el desdén burocrático hacia comuneros, ejidatarios y pequeños productores del campo que ha caracterizado a los últimos cuatro gobiernos federales, incluido el que encabeza Vicente Fox.

Debe considerarse que las doctrinas gubernamentales hacia el campo extraídas del consenso de Washington privilegian a las agroindustrias orientadas al cultivo de productos de exportación y a las empresas agrícolas de alta tecnología, para las cuales los transgénicos resultan rentables, en detrimento de quienes realizan siembras de autoconsumo y de subsistencia, entorno este último en el cual las variedades genéticamente modificadas pueden tener consecuencias de desastre humano, agrícola y ecológico.

La idea planteada por Bello García no sólo abre una perspectiva de seguridad para los campesinos pobres sino que ofrece un marco de preservación a un cultivo milenario que va mucho más allá del universo agrícola. El maíz criollo es, en efecto, un factor irrenunciable de cultura, de identidad y hasta de soberanía nacional. El buscar su sobrevivencia y su conservación resulta, por ello, fundamental para el país y sus habitantes.

Pero ayer se dieron a conocer otras iniciativas interesantes y plausibles para el campo mexicano. Aparte de la reunión de Pachuca, en el Distrito Federal se constituyó la Alianza Nacional de Producto- res Agropecuarios y Pesqueros, en la que confluyen grupos regionales de pescadores del Pacífico, productores de maíz, frijol, hortalizas, café, cacao, aguacate y citricultores, así como ganaderos, porcicultores y apicultores. En el encuentro constitutivo, el presidente de la nueva organización, Alfonso Ramírez Cuéllar, la definió como "un nuevo movimiento social de acción política", no partidista, para "resistir la mortandad productiva" y revertir el estancamiento económico en que las políticas oficiales han sumido al agro nacional. Ramírez Cuéllar destacó la inoperancia del Acuerdo Nacional para el Campo, firmado hace un año, y convertido en letra muerta por "un Ejecutivo que parece inexistente y una clase política irracionalmente confrontada que no convoca a nada ni a nadie".

A lo que puede verse, las organizaciones campesinas independientes están vivas, actuantes, y formulan iniciativas viables y atendibles. Enhorabuena. Cabe esperar que, así sea por una ocasión, el grupo gobernante y la clase política en su conjunto sean capaces de escuchar las voces del campo.