Laura Alicia Garza Galindo

Bolivia y sus impuestos petroleros

Las reservas de gas natural que posee Bolivia, probadas y probables, se calculan en más de 54 billones de pies cúbicos y 90 por ciento de esta inmensa cifra -sin considerar sus reservas en petróleo- se encuentra en manos de ocho empresas extranjeras, entre ellas la española Repsol, que en 1999 se adueñó de la empresa pública argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y sus reservas -hoy, que más las necesita, prácticamente agotadas-, por la cifra de 15 mil millones de dólares. En Bolivia, Repsol, con una estrategia avasalladora, fue adquiriendo grandes porciones de las empresas nacionales que explotaban el gas en el país, con dólares o trocando explotaciones de gas en Bolivia por otras localizadas en Argentina, o intercambiando gasolineras argentinas por refinerías en Brasil, para agregar valor al gas boliviano.

Hoy opera por medio de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y desde ahí, en Argentina, y con Petrobras, en Brasil; tiene también intereses en Ecuador, mediante la empresa Maxus, que con los mismos métodos pertenece en una buena proporción -66 por ciento- a Repsol. Como un mero dato para su información, México posee a la fecha sólo 70 mil millones de pies cúbicos de gas en reservas probadas, pero 80 por ciento del mismo es gas asociado a petróleo. Es decir, que se confirma nuestra sospecha de que la cuenca de Burgos tiene poco que aportar en gas. Lo que les importa a las trasnacionales es ir por el petróleo del Golfo de México, que mucho hay.

Repsol ingresó en Bolivia en 1994, en donde a partir de un contrato de riesgo compartido con el gobierno de aquel país, adquirió un bloque de un millón 200 mil hectáreas. Para el año 2000, Repsol poseía 7 millones de hectáreas, en 26 bloques. Así, la española Repsol ha crecido en serio durante los últimos años, multiplicando sus ganancias, extendiendo más y más sus dominios, atropellando los derechos de los pobladores locales, contaminando el ambiente y destruyendo las economías productivas rurales de las zonas en que se ubican los riquísimos bloques de estos países suramericanos, que por lo demás, continúan sumidos en la pobreza.

Usted seguro recuerda cuando en 2003 el entonces presidente Sánchez de Losada puso pies en polvorosa, perseguido por los sindicatos obreros y cocaleros comandados por Evo Morales. Asumió el poder el presidente Carlos Mesa. El movimiento popular llamado La guerra del gas dejó un saldo de 80 cholitos muertos y más de 200 heridos. El compromiso de Mesa con su pueblo es incrementar el pago de impuestos de 18 por ciento actual, por la explotación del gas, hasta 50 por ciento en 2011. La noticia más reciente es que Mesa, ante la embestida de las trasnacionales, que lo amenazaron con litigios en tribunales internacionales -Ƒle suena el Tribunal de Arbitraje de París?- retrocedió presuroso y abrió la posibilidad de rebajar el proyectado impuesto de 50 por ciento a 32, y luego hasta 22 por ciento, sólo cuatro puntos por arriba de los 18 actuales, que le brindan una miseria al gobierno, y en consecuencia al muy pobre pueblo boliviano. Evo y sus huestes ya amenazaron a Mesa con ir a huelga desde el 12 de mayo, sin límite de tiempo.

El juego del pago de impuestos en Bolivia para sus pozos gaseros fue el mismo que trataron de aplicarnos, vía las leyes de derechos y de ingresos para el ejercicio fiscal de 2004, acá en México, y que le rechazamos al Ejecutivo federal, pero que los diputados federales en el artículo noveno transitorio exigieron se les informara trimestralmente del nivel de ingresos que percibiría el gobierno, si se hubiese aceptado la propuesta. El noveno transitorio, por supuesto, fue vetado por el presidente Fox, y así seguirá.

En Bolivia, las empresas propusieron al gobierno, y se aceptó, una nueva Ley de Hidrocarburos, para reclasificar los pozos en: existentes, que pagarían 50 por ciento de impuestos, y en nuevos, que sólo pagarían 18 por ciento al gobierno. Así, antes de 1996 los pozos existentes significaban 5.1 por ciento de todos los pozos, y después de 1996 se ampliaron a 5.2 por ciento: šcrecieron 0. 1 por ciento! En ellos se paga 50 por ciento de impuestos.

Los pozos nuevos significaban 95.9 por ciento antes de la ley de 1996, y después de ésta, los pozos se redescubrieron -se hicieron nuevos, de nuevo-, decreciendo a 94.8 por ciento -šsólo decrecieron en 1.1 por ciento!-, y es en éstos donde pagan 18 por ciento de impuestos al gobierno, siendo la única ganancia que éste, y en consecuencia su pueblo, perciben. Concluyo con un ejemplo: uno de los campos, el Margarita, el mayor reservorio de gas en manos extranjeras, descubierto en 1998, al ser campo nuevo, sólo paga 18 por ciento de sus ganancias al gobierno y posee una reserva de 13.4 billones de pies cúbicos de gas natural, y 303.5 millones de barriles de petróleo. Las empresas se llevan toda la ganancia, que se calcula en 500 mil millones de dólares anuales. Y Repsol ya está aquí, como están otras empresas catalogadas como feroces tiburones. Conocemos esta y otras estrategias, por eso no aceptamos las propuestas del gobierno. Mantendremos las denuncias y propondremos la autonomía de gestión para la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Son las empresas públicas de México. Son de usted y de sus hijos. Estamos obligados a protegerlas. Y que de que nuestras denuncias duelen... duelen.