Víctor M. Quintana S.

El acuerdo para el campo y los méritos agrícolas

No es lo mismo "el campo no aguanta más" que un año después. Al cumplirse un año de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) es tiempo de balances.

El acuerdo fue precisamente el resultado del más importante movimiento campesino de los últimos años. Fue arrancado por la fuerza de los productores de todo el país, a regañadientes del gobierno federal. Trató de responder a la inconformidad de un sector social entero, el del campo, a las políticas económica, comercial y social. El movimiento logró unificar a organizaciones de muy diverso signo. Rompió el monopolio de la Confederación Nacional Campesina en la representación de los intereses de las mujeres y los hombres del campo. Expresó la creciente democratización del medio rural.

Sería extensísimo y hasta cierto punto ocioso evaluar el cumplimiento de los 243 items del ANC. Pero es posible plantear hasta qué punto se cumplió en los puntos más relevantes, en las cuestiones más significativas.

El ANC plantea que es el principio de "una nueva relación entre el gobierno y los campesinos". Esta relación ha ido cambiando. Es verdad. Hay más participación de las organizaciones en la definición de políticas y de las cuestiones presupuestales. Pero no es un resultado directo del acuerdo, sino del fortalecimiento de las organizaciones y de la elevación de su combatividad y del nivel de sus críticas y propuestas. Antes de abril pasado las organizaciones ya habían tenido importantes logros en el incremento presupuestal para 2003, en la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley de Energía para el Campo. Es una relación de un permanente estira y afloja, cuando el movimiento aprieta y se une, el gobierno cede; cuando se dispersa y se pierde en negociaciones secundarias, el gobierno se mantiene en su postura y en sus políticas anticampesinas.

Por otro lado, el ACN compromete al gobierno federal a realizar una evaluación del impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la agricultura nacional, a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Esta sería la plataforma para iniciar negociaciones con Estados Unidos y Canadá para renegociar el acuerdo en materia agropecuaria. Hasta ahora, dicha evaluación no se ha dado a conocer. El gobierno la encargó a diversas instituciones, pero en compartimientos estancos, de manera que no hubiera comunicación entre ellos. Sólo la Sagarpa tiene el rompecabezas completo, pero se lo ha guardado para ella. No lo ha dado a conocer ni a las organizaciones firmantes del acuerdo ni mucho menos a la opinión pública.

En cambio, sí se ha cumplido, hasta cierto punto, la demanda provisional, mientras se renegocia el TLCAN, de cerrar la frontera al maíz blanco y al frijol estadunidenses, y en caso de necesitar importarlos, que se haga bajo las cuotas y con los aranceles previstos. Sin embargo, el maíz blanco no constituye ni 5 por ciento de las compras al exterior de esa gramínea. Así, la demanda primera del movimiento El campo no aguanta más, de excluir a corto plazo los granos básicos y de renegociar el TLCAN en lo agropecuario, a mediano, definitivamente no se ha cumplido.

Es cierto que como fruto del acuerdo han llegado un poco más recursos a las comunidades campesinas, algunos apoyos -sólo por tres meses- a los adultos mayores y programas elementales de vivienda. Algunas organizaciones del campo han logrado recursos para operar como agencias de desarrollo local. Son avances, pero pesan poco en el conjunto y a veces desmovilizan más y entretienen más a las organizaciones campesinas de lo que sirven.

Porque la tendencia del gobierno federal es seguir escatimando recursos para el campo. Fue sólo gracias a que las comisiones unidas de Agricultura, Desarrollo Rural y Reforma Agraria de la Cámara de Diputados incrementaron en 10 mil millones de pesos el presupuesto de egresos destinado al desarrollo productivo que se pudo hacer. Pero sólo después de tórridas batallas y cabildeos los diputados lograron que Hacienda operara los aumentos.

Por todo esto, el ANC no constituye un parteaguas para el México rural. No marca un antes y un después para las comunidades campesinas. Lo que sí lo marca es el formidable movimiento de finales de 2002 a mediados de 2003. Lo que hace las pocas diferencias entre las políticas agropecuarias de antes y las de ahora son las tesoneras movilizaciones campesinas. Por eso si la FAO debía otorgarle a alguien la condecoración al "mérito agrícola" es a las mujeres y a los hombres del campo mexicano. Hizo bien la mayoría de la Cámara en impedir que el presidente Fox fuera inmerecidamente a recibirla.

El ANC hay que seguirlo recordando, reclamando, hasta ahí. Lo que no debe descuidarse y hay que fortalecer son la organización, la democracia interna, la unidad, la movilización y la apertura del movimiento campesino actual.