Aún no hay resultados de las indagaciones sobre la agresión del 10 de abril

Convocan ONG a observadores a vigilar el retorno de los zapatistas desplazados

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 24 de abril. Este domingo retornarán los desplazados zapatistas a sus casas en Jech'vó, Elambó Alto y Elambó Bajo. Los responsables de la agresión del pasado 10 de abril y de la expulsión de medio millar de indígenas siguen impunes, y no se sabe que las investigaciones judiciales que se dice están en curso hayan arrojado resultados.

Atendiendo al llamado de la junta de buen gobierno (JBG) zapatista de Oventic, diversas organizaciones civiles de los Altos de Chiapas convocaron para la mañana de este domingo a los observadores y acompañantes nacionales y extranjeros que seguirán la caravana de zapatistas. Así, las familias afectadas resistirán al desplazamiento que los perredistas de Pasté les quieren imponer.

La junta de buen gobierno Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo declaró el jueves: "No vemos justo que nuestros compañeros y compañeras sigan sufriendo todo tipo de carencias fuera de su pueblo, mientras los autores intelectuales del ataque están gozando de su plena libertad con respaldo de los gobiernos federal y estatal".

La propia JBG había denunciado como responsables de la emboscada al presidente municipal, los miembros del ayuntamiento, la dirigencia municipal perredista, la agencia municipal de Pasté, así como un grupo de pobladores de dicha comunidad y de Elambó Alto.

Desde el día siguiente al ataque contra la marcha zapatista en Pasté, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) demandó "una investigación imparcial y apegada a la verdad, para sancionar a los responsables intelectuales y materiales de los hechos violentos", y que "se finque responsabilidad a las autoridades involucradas, por acción u omisión en las violaciones a los derechos humanos cometidas en estos actos".

El CDHFBC también exigía "acciones efectivas que garanticen a toda la población el acceso al agua, como derecho fundamental, sin distinción de filiaciones políticas. Y que los gobiernos federal y estatal reconozcan jurídica y políticamente el derecho a las autonomías, lo cual será una contribución fundamental para la construcción de la paz".

Nada de esto ha sido cumplido, pero el panorama ya se complicó seriamente para el gobierno municipal de Zinacantán. Para empezar, el PRD nacional anunció un procedimiento para estudiar la posible suspensión de derechos partidarios del alcalde Martín Sánchez Hernández, sin que esto afecte la postulación de su candidato a sustituirlo en el cargo para las elecciones que se celebrarán en octubre próximo.

Al calor de los acontecimientos, volvió a primer plano la disputa inconclusa entre el gobierno perredista y la oposición priísta. Ayer, los miembros del PRI "recuperaron" el inmueble del cual fueron desalojados violentamente en marzo de 2003, en un choque que costó la vida de Mariano Hernández Pérez y Antonio Rigoberto Pérez Montejo y dejó 13 heridos de bala, todos del PRI. Si bien el alcalde, Domingo de la Cruz, renunció al cargo, se sabe que sus hijos estuvieron involucrados directamente en la balacera, y los asesinatos permanecen impunes.

Mientras el ayuntamiento zinacanteco sostiene que ese edificio es la sede del Instituto de Desarrollo Humano del municipio, los priístas lo consideran su sede partidaria. A la recuperación de ayer acudieron los miembros del tricolor, encabezados por el dirigente Miguel Velázquez Sánchez. La Foja Coleta reporta que también llegó un centenar de policías estatales y de la Agencia Estatal de Investigación, "además de una delegación de funcionarios".

El inmueble se mantuvo cerrado y con destrozos durante un año, y hoy fue a su vez tomado por agentes de la Procuraduría General de la República, quienes resguardan ahora el inmueble, justo enfrente de la presidencia municipal de Zinacantán.

Ayer, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, enviaron una carta a los medios de comunicación mediante la cual se deslindan del empleo político que pudiera haber tenido el estudio que realizaron a finales del año pasado en Zinacantán.

"Asistimos a las comunidades obligados por las autoridades de nuestra facultad y nunca se nos aclaró el fin de dicha investigación, a pesar de que muchas veces pedimos respuesta y protestamos por esta imposición, pero esa es la forma en que se maneja la actual administación que encabeza Pedro de Jesús Ovalle Muñoz", expresan los estudiantes.

También solicitan una auditoría académica, financiera y administrativa, "y que se aclaren los objetivos de los convenios de colaboración" firmados por la facultad, como es el caso del celebrado con el ayuntamiento de Zinacantán.

Mientras se juntan nubes sobre su controvertida participación en todos estos hechos, el gobierno municipal de Zinacantán hizo pública una comunicación dirigida a la JBG de Oventic. El cabildo zinacanteco, más vale tarde que nunca, "informó" este viernes que "después de dialogar y acordar con las comunidades donde se originó el conflicto, las familias bases de apoyo zapatistas tienen todas las garantías de que serán respetadas en su integridad física, moral y en sus bienes materiales".