Acosada por el escándalo de la infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada en el gobierno panista de Morelos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha tenido más remedio que investigar por homicidio al ex secretario de Gobierno de esa entidad Eduardo Becerra, así como al ex procurador Guillermo Tenorio por su posible participación en los asesinatos de un narcotraficante y de un ex jefe policiaco. Ahora ya no se habla únicamente, pues, de los vínculos del grupo de Sergio Estrada Cajigal con el tráfico de estupefacientes a gran escala, sino de colaboradores suyos de primera línea involucrados en homicidios.

A diferencia de lo que ocurre en el Distrito Federal, en Morelos no se habla de posibles corruptelas, sino de una descomposición criminal mayúscula que amenaza directamente la seguridad nacional y la gobernabilidad de todo el país, y que sólo puede explicarse por la absoluta ineptitud o por la complicidad del gobernador Sergio Estrada Cajigal. Sin embargo, ante el peligro y la vergüenza de una autoridad estatal tan manifiestamente vinculada a delincuencias mayores, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, decretó el no ejercicio de la acción penal contra el Ejecutivo estatal, y si bien se vio obligado a investigar a Becerra y a Tenorio, el hecho es que hasta ahora ni uno ni otro han sido llamados a declarar ante el Ministerio Público.

Semejante complacencia y amabilidad para con funcionarios acusados de crímenes graves contrasta con el celo inquisitorial con que Santiago Vasconcelos y la PGR en general hostilizan al Gobierno del Distrito Federal y a su titular, Andrés Manuel López Obrador, por sucesos a los que se ha dotado de una mayor trascendencia mediática, pero cuya carga delictiva está mucho menos documentada y que, de comprobarse, resultaría infinitamente menor que la participación en el narcotráfico y los asesinatos por los que se acusa a los ex funcionarios morelenses.

Si Santiago Vasconcelos y el resto de los mandos de la PGR que dirige Rafael Macedo de la Concha se empecinan en dar protección a Estrada Cajigal a pesar de los graves indicios de su participación en intentos de homicidio y de las generalizadas sospechas sobre su conocimiento de la infiltración de su gabinete por el narcotráfico, resultará ineludible dar la razón a Martí Batres, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, quien ayer señaló que la máxima instancia federal de procuración de justicia tiene una lista de intocables, entre los que se encuentran el todavía gobernador morelense, el senador panista Diego Fernández de Cevallos y otros personajes del grupo gobernante que parecieran disponer de una suerte de permiso para delinquir.

El foxismo tendría que darse cuenta de la imposibilidad de gobernar casi tres años más con semejantes sospechas a cuestas y con el consiguiente deterioro de la credibilidad de las instituciones.