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México D.F. Miércoles 21 de abril de 2004

No solicitaré licencia, responde el Ejecutivo local

El Foro Morelense ratifica demanda contra el gobernador

LA JORNADA MORELOS

Cuernavaca, Mor., 20 de abril. La organización no gubernamental (ONG) Foro Morelense ratificó ante el Congreso local la demanda con la cual pretende que se someta a juicio político al gobernador Sergio Estrada Cajigal, al considerar que durante su administración se han violado sistemáticamente las garantías individuales y sociales, así como la Constitución, además de que el mandatario ha desatendido sus responsabilidades legales.

Mientras, en entrevista que concedió a Notimex, Estrada Cajigal afirmó: "Por supuesto que no solicitaré licencia; no hay elementos para el juicio político, ni los morelenses merecen la solicitud de licencia por interés de unos cuantos". Añadió que "no hay ingobernabilidad en la entidad. Ustedes pueden ver que el estado está caminando, trabaja la misma sociedad que se expresa en contra de actitudes de quienes no anteponen el interés del estado, sino sus intereses".

A nombre de la ONG -que agrupa a abogados de la entidad-, Carlos de la Rosa Segura indicó que el organismo exigió la destitución inmediata de Estrada Cajigal, pues su actuación "es insostenible y no genera condiciones de gobernabilidad, concordia y reconciliación, menos garantiza imparcialidad y la correcta aplicación de la ley en contra de quienes han resultado involucrados en la comisión de delitos y en la protección de funcionarios relacionados con bandas de narcotraficantes".

En su demanda, el Foro Morelense afirmó que se debe procesar políticamente a Estrada Cajigal por "su desatención e incapacidad total para obtener la aprobación del presupuesto; su negligencia total en cuanto a declarar la desaparición de poderes en Tlalnepantla (donde un grupo de vecinos exige la destitución del alcalde Elías Osorio Torres por supuestas anomalías en su gestión); la represión a pobladores de este municipio y Temoac".

La ONG argumentó "la incapacidad para la solución del conflicto de Amilcingo; el ilegal nombramiento de Irineo Islas Gómez como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia; la designación de Agustín Montiel como coordinador de la Policía Ministerial, pese a las recomendaciones de comisiones de derechos humanos de que no lo hiciera; el gasto excesivo en imagen; autorizar un viaje a la República Checa al procurador Guillermo Tenorio".

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