Se violó la Constitución; el Ejecutivo, al margen de la ley, resume Pablo Gómez

Rechaza la Cámara de Diputados interponer controversia por los CSM

Al evitar que se vaya a la SCJN, el PRI apoya que los contratos sigan firmándose, dice

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y RENATO DAVALOS

La Cámara de Diputados desechó el planteamiento perredista de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los contratos de servicios múltiples (CSM) que Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió con varias trasnacionales para explotar gas en la cuenca de Burgos.

El debate concluyó con 299 votos a favor del dictamen sobre la propuesta presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, por 113 votos en contra (de perredistas y algunos priístas) y 10 abstenciones.

La argumentación del dictamen presentado al pleno para su discusión fue sustentada en que la formalización de los contratos ''no invade la esfera de competencia de la Cámara de Diputados, pues no se localizó un lugar en el marco jurídico, funciones o atribuciones que le autoricen a celebrar estos contratos. Por tanto, no existe motivo de controversia entre la cámara y el Ejecutivo''.

El coordinador perredista en San Lázaro, Pablo Gómez Alvarez, autor de la propuesta votada ayer, señaló en la tribuna que quienes sostienen que por falta de personalidad procesal activa no se puede iniciar el procedimiento, dudan de su propio planteamiento. ''Me refiero a diputados del PRI que así lo sostienen''.

El PRI, precisó, al evitar que la cámara vaya a la corte está apoyando de hecho que los contratos continúen suscribiéndose. ''Hay una violación flagrante y el Ejecutivo está al margen de la Constitución'', resumió.

El priísta Francisco Frías reconoció que ''más allá de reconocer la necesidad de dilucidar legalmente si el contenido de los contratos cumple o transgrede el 27 constitucional'', la comisión se manifestó en contra de la propuesta porque consideró que la cámara no se encuentra en ninguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 105 constitucional, donde se pretendió fundamentar la iniciativa.

La representación del Ejecutivo, justificó, está depositada en un solo individuo denominado ''presidente de los Estados Unidos Mexicanos'', que en este asunto no suscribe directamente los contratos y, por ello, no es materia de controversia.

Subió entonces a tribuna el perredista Arturo Nahle García, quien recordó la jurisdicción constitucional que tiene la nación sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos o gaseosos que no permiten concesiones o contratos.

Si no es la cámara, preguntó, ''¿quién está facultado para demandar ante la corte la inconstitucionalidad de los contratos? ¿Cuál es el medio legal? ¿La interpondrá Pemex o Repsol? Que quede en sus conciencias que quienes voten a favor del dictamen sufragarán a favor de que una empresa extranjera siga con la explotación los hidrocarburos, en clara violación a la Constitución''.

El panista Francisco Salazar aludió a la modificación que se hizo el año pasado a la ley minera, para justificar que no procede ahora ir en contra de los contratos de servicios múltiples. ''Si fuéramos congruentes deberíamos haber votado en contra del dictamen''. Pero fue más allá para señalar que los contratos ''significan ahorros por más de 600 millones de dólares''.

En el final del debate Jesús González Schmal recordó que apenas en el pasado reciente la corte se manifestó de manera contundente en contra de la presunta constitucionalidad del reglamento expedido por el Ejecutivo para darle la vuelta al 27 constitucional en materia de generación de energía eléctrica. ''Tratar de ocultar en los contratos una inclusión de otra entidad que no fuera el Estado es darle la vuelta y engañar a la opinión pública y a la ciudadanía'', condensó.

El presidente de la mesa directiva y ex director jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro Lozano, adujo que no procede la controversia porque el acto ''no es del Ejecutivo sino de un organismo descentralizado''. Les concedo, añadió, ''que pudiera proceder porque el 105 constitucional establece que se pueden atacar actos del Ejecutivo y de Pemex. Podría hablar mucho de esto, estoy a favor del Congreso''. Pero el asunto, indicó, está en el planteamiento que hacía el diputado Nahle sobre dónde tendría que sustentarse jurídicamente el planteamiento, y ''pienso que en el artículo 14 de las regulaciones de la fiscalización superior de la Federación''.

A su vez, el perredista Francisco Javier Carrillo advirtió que con el voto a favor del dictamen se autoriza que Pemex se vuelva complementario del contratista.