Investiga la PGR

Cesan a autoridades ligadas al narco en Querétaro

MARIANA CHAVEZ CORRESPONSAL

Queretaro, Qro., 18 de abril. La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al director de la policía estatal, José Manuel Ogando Pérez, y al director del Centro de Readaptación Social de San José el Alto, Sergio Amaya Castañeda, a quienes se imputan actos de complicidad con ocho personas que el pasado 13 de abril pretendieron sustraer a Renato Tostado Félix, operador del narcotraficante Juan José Esparragoza, el Azul. Ante la situación, ambos funcionarios fueron separados de sus cargos de "forma temporal", informó el secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes.

El funcionario aclaró que Ogando Pérez y Amaya Castañeda no se encuentran arraigados ni inhabilitados, pues "es una situación que habremos de analizar".

En entrevista, agregó que el gobierno del estado no ha nombrado nuevos representantes en las direcciones de la policía estatal ni en el penal de San José el Alto, que aloja a mil 300 internos y cuenta con un módulo especial para reos de "alta peligrosidad".

Según Botello Montes, el gobierno de Querétaro espera el resultado de las investigaciones para determinar si inhabilita a Amaya Castañeda y a Ogando Pérez.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia estatal indicó en un comunicado que este fin de semana presentó ante la PGR a ambos funcionarios, "con objeto de que rindan su declaración" en cuanto a la presunta "complicidad con quienes intentaron la sustracción" de Tostado Félix.

El 13 de abril, tras obtener su libertad en Querétaro, autoridades del estado trasladaron a Tostado Félix al Centro de Readaptación Social de Irapuato, donde existía orden de aprehensión en su contra emitida por el juzgado cuarto de primera instancia, por el presunto delito de secuestro.

Durante el trayecto tres vehículos con logotipos de la Agencia Federal de Investigación siguieron al convoy que trasladaba a Renato Tostado, lo que derivó una balacera sobre la carretera a Tlacote, al poniente de la capital de Querétaro, de la que resultaron detenidas ocho personas quienes afirmaron en sus declaraciones ministeriales que pretendían liberar al operador del Azul.