Jorge Santibáñez Romellón*

Cómo votar sin estar

El ejercicio del voto de los mexicanos que viven en el extranjero, casi todos en Estados Unidos, ya no provoca los grandes debates que se desarrollaron en la década de los 90. Existe ya consenso favorable a la participación y ejercicio de uno de los derechos políticos más valiosos de los mexicanos. Por otro lado, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migra-torios y sus Familias, que México firmó y promovió y que entró en vigor hace menos de un año, obliga a los países firmantes a la preservación de esos derechos, independientemente de donde se encuentren los trabajadores migratorios. Así las cosas, el debate ya no es ideológico o conceptual; tampoco se trata de saber si existe el marco jurídico apropiado (la citada convención lo otorga), ni siquiera es mercantilista en términos electorales, lo que en algún momento redujo la toma de posición de los partidos políticos a un simple cálculo, según el cual se estaba en favor o en contra, en función de la eventual orientación de los votos.

El debate actual y futuro en torno a este tema sin duda se centrará en el "cómo", es decir, en la operación de la iniciativa en cuestión, de tal forma que se otorgue de manera real ese derecho al voto, aun estando en otro país. La generación de mecanismos que permitan el ejercicio de ese derecho no está exenta de obstáculos y de cómo se sorteen los mismos depende el éxito de la iniciativa. Por lo pronto podemos afirmar que ninguna de las propuestas (voto por Internet, credencialización en Estados Unidos, voto por correo, etcétera) deja satisfechos a todos. A algunos les parecen inseguras o poco equitativas, ya que no propiciarán una participación que dé el mismo acceso a todos los mexicanos que el día de las elecciones estarán fuera del país.

A los mexicanos nos cuesta trabajo entender y aceptar que las cosas ocurren como procesos distribuidos en el tiempo y no de la noche a la mañana, como por arte de magia. Así las cosas, nos sucede con frecuencia que por querer todo y quererlo ya, nos quedamos sin nada. No es realista esperar que todos los mexicanos que tienen edad para votar y que el día de las elecciones se encontrarán fuera de su país (cerca de 10 millones, cinco de los cuales entraron a Estados Unidos después de 1990) podrán hacerlo en las próximas elecciones federales. Tampoco es realista suponer que ello ocurrirá en todos los procesos electorales. Por último, resulta también poco realista (y hasta me atrevería a decir poco deseable, muchos son ciudadanos estadunidenses) pensar que todos, los más de 10 millones, podrán ejercer ese voto. Esta participación debe verse como un proceso que de manera creciente vaya incorporando a esos mexicanos en el ejercicio de sus derechos políticos básicos.

Debemos aceptar que en una primera fase, en las próximas elecciones presidenciales solamente podrá votar parte de esos mexicanos, muy probablemente sólo aquellos que tienen credencial para votar y que podrían ser cerca de 2 millones. Parece poco, pero pensar que se puede votar sin credencial pondría en riesgo la credibilidad de los resultados de esa votación. Además, los migrantes que tienen credencial mantienen vínculos estrechos con México. Por ejemplo, de los paisanos que visitan México en las épocas decembrinas, según una encuesta de El Colegio de la Frontera Norte, más de la mitad tiene esa credencial. Lo mismo ocurre con los migrantes que se desplazan a Estados Unidos. Muchos poseen esa credencial porque les permite identificarse en México como mexicanos o recibir, en las localidades fronterizas, dinero para continuar el viaje o para pagar al pollero.

Una vez que se resuelva quién podrá votar, debe también resolverse cómo podrá ejercerse ese derecho. Esta es una pregunta más difícil.

Aparentemente el voto electrónico, más allá de que técnicamente sea viable y seguro, en lo político no ofrece los mismos márgenes de seguridad que la credencial; el correo tampoco es opción, verificar que el que envía el correo es realmente quien tiene la credencial no es sencillo; instalar casillas electorales en Estados Unidos está fuera de discusión, nuestros vecinos no lo permitirían; y, por último, los consulados tampoco son opción, ya que no tienen la infraestructura para recibir la cantidad potencial de migrantes que asistirían a ejercer ese derecho. Instalar suficiente número de casillas en las localidades fronterizas elimina a los migrantes indocumentados que no estarían dispuestos, con mucha razón, a sufrir el vía crucis de volver a cruzar de manera subrepticia y a aquellos que viven muy lejos de la frontera (cuyo número es creciente). Este es quizá el reto más grande del Instituto Federal Electoral: establecer el cómo. El Congreso podrá decir quiénes, pero eso no resuelve totalmente el problema.

Lo que resulta urgente es reivindicar la migración como factor de desarrollo y a los migrantes como factores claves en ese desarrollo. En esta lógica, otorgarles el voto apunta en ese camino y la aprobación de la iniciativa debe ser bienvenida, aunque debamos tener paciencia para su instrumentación.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte

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