Iván Restrepo

Impunidad en Quintana Roo, Ƒhasta cuándo?

Recientemente Fernando García Zalvidea (militante distinguido del Acción Nacional, arraigado años atrás por la Procuraduría General de la República a causa de presuntos nexos con delincuentes) hizo que más de 500 trabajadores a su servicio agredieran con piedras y palos a la policía de Playa del Carmen, Quintana Roo, así como a inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para impedir que esta última clausurara la construcción del hotel Gran Playa Real, propiedad del poderoso empresario. La autoridad alegó daños al ambiente y otros delitos considerados en la legislación ecológica y de desarrollo urbano. Finalmente la obra fue clausurada sin que ninguno de los agresores ni quienes los azuzaron fueran detenidos. Desde el año pasado estaban documentadas las irregularidades que se cometían en la edificación del hotel y, aunque la autoridad ambiental federal exigió a su dueño cumplir con lo que dicta la ley, fue ignorada y las obras siguieron su curso.

Hace un año Ignacio -hermano de Fernando García-, quien en nombre del Partido Verde se desempeña como presidente municipal de Cancún, movilizó a los obreros que trabajaban en la construcción de un hotel de la cadena española Riu para evitar la clausura por Profepa, debido a serias violaciones a las normas ambientales. El edil alegó entonces defender las fuentes de empleo. Luego de negociaciones en la ciudad de México, los dueños del ostentoso hotel pagaron elevada multa por las irregularidades cometidas y terminaron la obra. Este hecho inauguró un nuevo estilo de aplicar la ley: permiso para delinquir impunemente a cambio de dinero.

Ese nuevo estilo deja ya su estela de destrucción especialmente en las áreas costeras. Es el caso de los manglares, arrasados por los hoteleros con la venia oficial, pese a que se trata de patrimonio natural de enorme importancia y por ello protegido legalmente para evitar su desaparición. La culpa no es nada más de algunas instancias oficiales locales, estatales y federales, presas de la corrupción o la negligencia, sino también del Poder Judicial, que con envidiable rapidez protege a los infractores contra los actos de la autoridad.

En el caso de Quintana Roo existe un grueso manto de corrupción al servicio del que tiene dinero, lo que explica, en parte, por qué muchas veces cuando la Secretaría del Medio Ambiente interviene (a tiempo, o no tanto) poco puede hacer para obligar al cumplimiento de la ley o sancionar a los que han cometido violaciones en el campo ecológico. Los delitos quedan impunes o se olvidan con una multa. En paralelo, los recursos gubernamentales para proteger el medio ambiente son insuficientes: poco personal e infraestructura para cumplir sus tareas y salarios bajos. Por éstos y otros motivos las autoridades no siempre se enteran de lo que está pasando en una región de crecimiento explosivo y ocupación salvaje del territorio, y cuando lo logran por la acción de grupos ciudadanos el daño ambiental está hecho o Don Dinero puso en marcha su maquinaria de convencimiento e impuso sus proyectos turísticos u otros ligados a esta actividad a costa de la naturaleza.

Un pequeño ejemplo: alertamos aquí oportunamente de la construcción de seis enormes casas en plena zona marítima federal terrestre de Playa del Carmen. Esas obras fueron clausuradas hace poco por la Profepa. Tanto el hotel Gran Playa Real, del panista García Zalvidea, como las mansiones citadas no cumplían con las normas vigentes sobre la materia. Lógico sería que la autoridad ordenara demolerlas, así como que quienes vendieron terrenos que pertenecen a la nación y las autorizaron respondieran ante los tribunales. No es así hasta ahora, lo que alienta a otros a burlarse de la ley y que con una simple multa se intente reparar daños irreversibles al medio ambiente y los recursos naturales, o a entregar a particulares lo que es de la nación.

Ojalá ahora que hay nuevo delegado de la Secretaría del Medio Ambiente en Quintana Roo (y que goza de la plena confianza de su titular, el ingeniero Alberto Cárdenas) termine la impunidad con que se destruyen los recursos naturales y se atenta contra el desarrollo sustentable de esa parte del país, donde se comete el mayor número de delitos ambientales.