Se profundizará en la investigación de esos hechos: PRD

Abren proceso para suspender derechos partidarios al alcalde de Zinacantán

Luego de los sucesos de violencia ocurridos en el municipio de Zinacantán, Chiapas, gobernado por el PRD, y como resultado del informe que ofreció la comisión designada para evaluar la situación en este municipio, la dirigencia nacional perredista acordó iniciar el procedimiento de suspensión de derechos partidarios al alcalde Martín Sánchez Hernández, y profundizar en la investigación de los hechos.

En el mismo sentido confirmó su demanda por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y por el respeto de los derechos autónomos zapatistas. En un comunicado, los perredistas condenan ''enérgicamente'' la utilización de métodos de coerción que violenten derechos humanos fundamentales, como la suspensión del suministro de agua y la utilización de grupos armados para resolver problemas políticos o sociales. Bajo estas premisas, el PRD rechazó los juicios emitidos por la junta de buen gobierno de Oventic, que manifiesta que el sol azteca ''se ha sumado a la guerra que el mal gobierno hace contra los pueblos indios, y pasó de las amenazas en contra de nuestros compañeros y compañeras a los ataques con arma de fuego; asimismo, no le importa el bien del pueblo y ve la política como negocio y está dispuesto al crimen para ganar''.

Estas afirmaciones, señala el CEN, son excesivas e inaceptables. Asegura que el PRD no cobija ni cobijará a grupos caciquiles armados, ni tolerará acciones ilegales de autoridades emanadas de sus filas, y menos acciones contra intereses del pueblo mexicano y los pueblos indios que forman parte del país. ''Hemos compartido y coincidimos con las demandas, justicia y libertades que promueve y encarna el EZLN'', apuntó.

Advierte en el comunicado que el partido será observante de que se cumplan las garantías ofrecidas a las familias desplazadas para que vuelvan a sus hogares, luego de que desde el pasado 15 de abril se restableció el suministro de agua.

''Reiteramos nuestra determinación de tomar medidas de fondo frente al problema político surgido en Zinacantán, y construiremos puentes de entendimiento y trabajo común entre gobiernos perredistas y gobiernos zapatistas. Se trabajará para el regreso de los desplazados con garantías plenas para éstos, y estamos exigiendo enérgicamente una investigación a fondo del gobierno del estado de Chiapas y castigo a los responsables de los sucesos del 10 de abril en Pasté, Zinacantán.''