El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, fue ayer investido como presidente del gobierno de España, en una sesión legislativa que marcó el fin de la época de José María Aznar y abrió un nuevo horizonte político para la nación ibérica.

Aunque el nuevo titular del Ejecutivo español logró con relativa facilidad los votos necesarios para ser elegido por mayoría absoluta en el Parlamento -luego de su triunfo electoral el pasado 14 de marzo-, esta situación no implica necesariamente que exista en España un consenso claro y duradero sobre los lineamientos específicos que regirán a ese país durante los próximos años. Para empezar, el ya opositor Partido Popular (PP), de Aznar y Mariano Rajoy, sigue siendo una fuerza sustantiva en las cortes y la política españolas. Pero los votos en apoyo del socialista Rodríguez Zapatero emitidos por formaciones como Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego y Coalición Canaria revelan que al nuevo presidente español se le ha concedido, en una moción de confianza, un amplio respaldo, en el entendido de que su gobierno se conducirá de forma dialogante, transparente e incluyente, y se apartará de la soberbia y el autoritarismo que caracterizaron al último mandato de Aznar. Cabe recordar que, en buena medida, las elecciones del pasado 14 de marzo constituyeron, a la postre, una suerte de plebiscito contra el PP, y que los votos que hoy logró Rodríguez Zapatero en el Congreso están fundamentados, justamente, en una determinación mayoritaria para modificar el rumbo seguido durante los ocho años del aznarismo.

Sin embargo, la abstención de las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas de derecha, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió, es un síntoma de que la confrontación entre el gobierno central y las autonomías de Euskadi y Cataluña no puede darse por terminada, y de que se requerirá de un considerable esfuerzo político y de un sustancial espíritu de apertura para resolver auspiciosamente los actuales diferendos autonómicos en España. En este sentido, la eventual modificación de la Constitución -notable instrumento político que hizo posible hace 25 años una transición democrática pacífica y mantuvo la cohesión territorial del Estado español-, para actualizarla a los tiempos presentes y ofrecer a las actuales autonomías un esquema de mayores competencias y un mejor margen de maniobra frente al gobierno central en el contexto de las instituciones comunes, es uno de los retos más arduos que enfrentará Rodríguez Zapatero.

Paralelamente, el nuevo presidente deberá remover el legado más pernicioso del gobierno de Aznar: poner fin al alineamiento de la política exterior de Madrid con el imperialismo estadunidense (lo que implica el retiro de los contingentes españoles de Irak el 30 de junio), contrarrestar la estrategia de confrontación y satanización del independentismo vasco en su conjunto ejercida desde el PP, y revertir la ola de reformas legales antisociales y reaccionarias aprobadas en solitario por el núcleo duro de Aznar, sobre todo las relacionadas con la educación, el empleo y la inmigración.

Además, el combate al terrorismo -sea de ETA o de Al Qaeda, entidades igualmente criminales- será otro de los retos cruciales del nuevo gobierno español. Si bien no se espera una modificación sustancial en este ámbito (el PSOE indicó que mantendrá el pacto antiterrorista signado con el PP), sí cabría esperar, al menos, el fin del hostigamiento contra quienes buscan la soberanía de Euskadi por vías democráticas y pacíficas, y la realización de un esfuerzo sincero para reducir las tensiones y reconciliar a las diferentes expresiones políticas legítimas en el País Vasco. Desde luego, resulta imperativo que el PSOE dé lugar a una acción gubernamental honesta, transparente y de cara a la ciudadanía, y se abstenga de forma definitiva de reincidir en los excesos y en la corrupción que caracterizaron el final del último periodo socialista, a mediados de los años 90.

Finalmente, Rodríguez Zapatero tendrá también como retos torales conducir a España con una visión constructiva y con sentido de futuro en el contexto de una Unión Europea de 25 países -cabe recordar que las reticencias de Aznar a reducir las prerrogativas españolas fueron causa de desencuentros en las instituciones europeas- y ampliar el entendimiento y los vínculos históricos con América Latina, especialmente con Cuba, Venezuela y Argentina, naciones que mantuvieron, por diferentes razones, desencuentros con el anterior gobierno de España.