Enrique Calderón A.

La televisión como aparato de justicia

Si bien las declaraciones y denuncias hechas por el jefe de Gobierno de la ciudad de México ante los medios de comunicación el jueves pasado no ayudaron a mejorar la imagen de corrupción y desprestigio de algunos ex funcionarios del Distrito Federal, ni tuvieron ese objetivo, sí resultaron contundentes para establecer el papel jugado por los altos niveles del gobierno federal en la filtración de por lo menos uno de los videos difundidos por las cadenas de televisión.

Con su declaración matutina, López Obrador dejó en claro la intención del gobierno federal de ventilar los graves problemas de corrupción detectados, no por conducto de las instituciones de justicia, sino de los medios de comunicación, y en particular de la televisión, dando con ello un golpe grave al sistema nacional de procuración de justicia. La respuesta del jefe de Gobierno se daba en los mismos términos, a través de los medios de comunicación, iniciando así una controversia que necesariamente se seguirá ventilando en los mismos medios, ante el deterioro real de las instituciones de justicia, que han quedado claramente rebasadas por intereses políticos y por las acciones mismas de los funcionarios, que parecen estar de facto por encima de las leyes y las instituciones.

En su respuesta a las declaraciones de López Obrador, el gobierno de la República informó (a través de los medios, desde luego) que las acusaciones de éste son infundadas, y que para sustentarlas, utilizó información clasificada que le fue entregada indebidamente por el procurador del DF, hecho que afecta las investigaciones que son realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR). Para actuar de acuerdo con la ley, López Obrador tenía un solo camino: hacer su denuncia precisamente ante la PGR, institución que es la principal implicada en la filtración del video que inició el escándalo, así como en la obstrucción de la ley, al no haber detenido al secretario de Finanzas del gobierno capitalino no obstante las evidencias que tenía en su contra.

Por otra parte, resulta preocupante saber que quienes tienen la alta responsabilidad de velar por el bienestar de la sociedad y por la estabilidad y la tranquilidad política de la nación hayan ocupado su tiempo, su capacidad intelectual y los recursos que han sido puestos a su cuidado para presentar la bochornosa exhibición de los videos con actos socialmente inadmisibles y denigrantes, en lugar de utilizar los resultados de las investigaciones para detener y castigar a los responsables de esos actos, por los cauces legales existentes, los cuales están también bajo su responsabilidad.

ƑCuáles son las razones que motivaron este comportamiento de los altos funcionarios federales de Hacienda, de Gobernación y de la PGR? ƑSe trata acaso de la existencia de dudas sobre la capacidad del sistema de justicia para castigar la corrupción en los aparatos del gobierno local? ƑSe buscaba explícitamente que la televisión asumiera formalmente el papel de tribunal público de justicia? ƑO más bien, lo que se buscaba era distraer la atención de la sociedad en torno de los graves problemas de la economía, o respecto a algunas acciones que se consideran de alto riesgo, como las concesiones territoriales a empresas extranjeras?

Desde luego, cabe también la posibilidad señalada por el jefe de Gobierno de la ciudad, de que el esfuerzo desplegado estuvo orientado a golpear la credibilidad y la imagen de ese gobierno. Sea cual fuese la motivación de estos hechos, el daño causado a las instituciones ha sido grave y refleja la estatura de quienes gobiernan nuestro país actualmente.

La situación actual del problema es inédita y puede dar lugar a conflictos que sigan enrareciendo el ambiente político, pero aun si la prudencia redujera la tensión actual, el daño social que implica la aceptación de los actos de corrupción gubernamental como parte de la normalidad cotidiana, está dado.

Sería deseable que en el futuro este tipo de episodios antisociales pudiese ser evitado, con conductas más responsables que las recientemente empleadas por los colaboradores cercanos al Presidente, y al parecer, con su beneplácito.

Asimismo, sería deseable que el jefe de Gobierno proporcionara una explicación clara de por qué no se detectaron conductas extrañas en el encargado de las finanzas del gobierno capitalino, y asimismo explicara las razones que tuvo para nombrar como secretario particular a un individuo como Bejarano, cuya calidad moral ha quedado tan claramente establecida.