La detención del coordinador general de la Policía Ministerial del estado de Morelos, José Agustín Montiel López, y de su coordinador operativo, Raúl Cortez Galindo, por su presunta implicación con el narcotráfico, pone de manifiesto la profunda descomposición del sistema de procuración de justicia en esa entidad del país y suscita numerosas interrogantes sobre la forma como se gobierna en Morelos y sobre la actitud de las autoridades federales y estatales de cuño panista ante el descubrimiento de casos graves de delincuencia y corrupción al interior de sus propios aparatos gubernamentales.

En primer término, es claro que el mandatario morelense, Sergio Estrada Cajigal -junto con otros funcionarios de su administración-, debe ser investigado a fondo, a fin de dilucidar si conocía o, incluso, participaba de las actividades delictivas de sus subordinados, designados, cabe señalar, por él mismo en posiciones cruciales de la Policía Ministerial de Morelos. Y aunque el gobernador no tuviese ninguna vinculación penal en estos hechos, ello no lo exime de ser sujeto a indagación, ni de sus responsabilidades políticas y morales de cara a sus conciudadanos. No basta, como ayer afirmó el mandatario, convocar a la formación de consejos ciudadanos para atender este grave problema: es necesario que, como en cualquier otro caso en el que instancias o funcionarios gubernamentales resulten vinculados a delitos, se realice una indagación completa, de la que no puede quedar exento servidor público alguno, mucho menos el titular del Ejecutivo estatal, que es el responsable último del gobierno de su entidad.

Empero, en lugar de esa necesaria investigación, el gobernador morelense se desentendió prácticamente del caso y ha pretendido minimizarlo, en una actitud que resulta por lo menos sospechosa. Fue remiso en atender el problema y ni el escándalo desatado por la detención de las cabezas de la Policía Ministerial de su estado lo hicieron posponer sus vacaciones. ¿Es que la aprehensión de altos funcionarios de su administración por presuntos nexos con el narcotráfico no era razón suficiente para que Estrada Cajigal diera prontamente la cara ante la ciudadanía y afrontara la situación de manera inmediata?

Por otra parte, resulta deplorable el doble discurso que el gobierno federal y Acción Nacional han mantenido ante estos hechos, sobre todo si se le compara con la estridencia -de la que no estuvo al margen ni el Presidente de la República- ejercida en contra de las autoridades del Distrito Federal en lo relacionado a las entregas de dinero y los fraudes perpetrados por Carlos Ahumada Kurtz con la participación de figuras del Partido de la Revolución Democrática y de algunos funcionarios del DF. Siendo ambos casos de gravedad y relevancia, ¿por qué desde el PAN, partido al que pertenece el gobernador Estrada Cajigal, no se han alzado contra él voces en demanda de investigación y justicia como sí lo hicieron, por añadidura con frenesí inquisitorio, ante los videoescándalos del DF? ¿Por qué desde el panismo se exige que Andrés Manuel López Obrador sea investigado y sancionado en caso de tener vínculos con tales fraudes, y poco se dice sobre la infiltración del narco en el gobierno de Morelos, situación en extremo perturbadora? Ha de señalarse que, en ambos casos, y en cualquier otro que involucre a autoridades públicas, la identificación y la sanción conforme a derecho de todos los responsables de actos delictivos es una medida obligada, sin importar su jerarquía o filiación política.

Por ende, en lo tocante a Morelos, resulta imperativo que la PGR realice una averiguación completa, imparcial y apegada a derecho, en la que se incluya al propio gobernador Estrada Cajigal. Sólo así podrá combatirse eficazmente al narcotráfico, revertirse y prevenirse sus estragos en los estamentos gubernamentales y en la sociedad, y que quede claro, a ojos de la ciudadanía, que las autoridades federales y locales panistas no mantienen improcedentes tratos de privilegio o protección de talante partidista.