El fallo emitido ayer por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el que se ordena a Estados Unidos revisar las penas capitales dictadas contra 51 mexicanos en ese país, constituye un triunfo de la legalidad, los derechos humanos y la vida, así como un importante éxito para México, su diplomacia y sus juristas. No es un logro menor el que el máximo organismo judicial de la comunidad internacional haya dictaminado que la nación vecina se colocó fuera de la ley al ignorar el derecho de nuestros connacionales condenados a muerte a una asistencia consular inmediata después de su detención.

Como era de esperar de la barbarie que gobierna en Texas y Oklahoma, los mandatarios de esos estados ya anunciaron su desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ en sus respectivos territorios. En el segundo de esos estados, donde se tiene programada para el próximo 18 de mayo la ejecución del mexicano Osvaldo Torres Aguilera, el procurador Drew Edmonson amenazó con resistir "cualquier intento de retrasar la justicia". Es previsible que otras entidades del país vecino cierren filas contra la legalidad internacional, la vigencia de los derechos humanos y los valores éticos universales, y que conformen una suerte de estados unidos contra la CIJ.

En estricta lógica legal, la resolución de La Haya obligaría a la Casa Blanca en Washington a interponer querellas en la Corte Suprema de Justicia contra los gobiernos estatales que se empeñen en aplicar la pena máxima a cualquiera de los 51 sentenciados mexicanos, trámite que implicaría, a su vez, dejar en suspenso la ejecución. Pero la conocida afición de George W. Bush por matar seres humanos -su gobierno ejecutó a cientos de reos cuando gobernó Texas, y ha ordenado el asesinato de miles de inocentes en diversos puntos del planeta desde que es presidente de Estados Unidos-, así como su interés de mantener satisfecho a su electorado conservador, hacen poco probable que acate el fallo de la máxima corte penal del mundo. Si la Casa Blanca no obedece la orden de la CIJ, México no tendría más camino legal que acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, en donde los representantes estadunidenses aplicarían, a no dudarlo, el derecho de veto de que dispone su país para impedir cualquier resolución desfavorable.

Sin embargo, en un sentido político y diplomático, el veredicto de la CIJ, si bien sólo beneficia directamente a 51 mexicanos, constituye un serio revés para Estados Unidos y para el resto de países que defienden y practican la pena de muerte, y coloca a Washington en condición de infractor de la legalidad internacional. Asimismo, el fallo permite realizar una mejor defensa moral de nuestros connacionales sentenciados a la pena capital en el contexto de instituciones judiciales injustas, racistas, clasistas y definidamente irrespetuosas de los derechos humanos y las garantías individuales.

Más allá de las medidas políticas, diplomáticas y legales pertinentes, el gobierno mexicano no debe vacilar en emprender acciones de presión más resueltas y enérgicas para proteger la vida de los mexicanos sentenciados y buscar el cumplimiento de un veredicto internacional que nos da la razón. Y si las autoridades no lo hacen, la sociedad misma debe organizarse, en el marco de la legalidad, para hacer sentir a los gobiernos estatales y federal de Estados Unidos su repugnancia por la práctica bárbara, degradante, cruel e inhumana de la pena de muerte. Sería procedente, por ejemplo, para evitar que Texas u Oklahoma ejecuten a un mexicano más, suspender parcial o totalmente las importaciones de esos estados, dejar de consumir sus productos o cancelar los viajes turísticos a esos destinos. Hoy, con la legalidad internacional a nuestro favor, es tiempo de hacer algo.