Confesiones hechas bajo amenazas los mantuvieron en una prisión de alta seguridad

Libres luego de 2 años, cuatro jóvenes vascos acusados de pertenecer a ETA

El maltrato es posible porque una legislación del Estado español lo avala: parlamentaria

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 31 de marzo. Cuatro jóvenes navarros, de menos de 35 años y simpatizantes del independentismo vasco, vivieron los últimos dos años en prisiones españolas de alta seguridad sometidos a un riguroso régimen carcelario justificado por las graves imputaciones en su contra: asesinato y pertenencia a banda armada, en este caso al grupo vasco ETA. Desde el pasado martes fueron puestos en libertad tras probar que la declaración policial -la única prueba en que se basó la justicia para mantenerlos cautivos- se obtuvo mediante torturas y malos tratos.

Ainara Gorostiaga, Mikel Soto, Aurken Sola y Jorge Txokarro sufrieron en carne propia la severidad de la legislación antiterrorista española y la escasa rigurosidad judicial que se ha hecho patente, al menos en ocasiones, en los procesos relacionados con las actuaciones criminales de la organización armada ETA. Todos ellos se salvaron de una posible condena de 30 años de cárcel gracias al hallazgo policial de un documento interno de ETA, y a que dos presuntos etarras detenidos en Francia confesaron la autoría del asesinato de José Javier Mujika, edil de Leiza por Unión del Pueblo Navarro (UPN, derecha), muerto el 14 de julio de 2001 víctima de la explosión de una bomba lapa colocada en su vehículo.

Su historia se inicia a finales del siguiente febrero, cuando un presunto etarra detenido en Francia pronunció ante la policía el nombre de Mikel Soto, lo que suscitó un operativo de la Guardia Civil española en su casa de Pamplona, que compartía con Ainara Gorostiaga, su pareja. Los dos permanecieron incomunicados y sometidos a severos interrogatorios durante cinco días, en virtud de la ley antiterrorista vigente; Gorostiaga, "desesperada" y "aterrorizada" por el trato que recibía, decidió firmar una declaración policial en la que sostenía que ella y los otros tres detenidos eran los autores del atentado contra el edil de Leiza.

Diez días después de su detención comparecieron de la mano de su abogada ante el juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruz Polanco, para negar la declaración y denunciar que ésta se había obtenido luego de torturas y malos tratos. Lejos de investigar los hechos, el magistrado confirmó las imputaciones, decidió abrirles otro sumario por "pertenencia a banda armada" y ordenó la prisión incomunicada e incondicional en su contra, que justificó por la "gravedad de los hechos" y la existencia de "pruebas suficientes". A pesar de que la única "prueba" que tenía la justicia española era la declaración policial de Gorostiaga, el juez ratificó la prisión de los cuatro jóvenes navarros.

Su liberación sin cargos, firmada por el juez Baltasar Garzón, sólo fue posible gracias a una comisión rogatoria procedente de la justicia francesa en la que se informaba que los presuntos etarras Andoni Otegi y Oscar Celarain, detenidos el 10 de septiembre de 2002, habían confesado su implicación en el atentado contra el edil. Los jóvenes navarros tampoco fueron liberados cuando se cumplieron los dos años que fija la ley como plazo máximo para celebrar juicio o revisar su situación procesal.

Mikel Soto, ya en libertad, señaló ayer en entrevista a Radio Euskadi que "ahora estamos contentos por vernos de nuevo en la calle, pero a la vez con una tremenda rabia interior por lo que han hecho con nosotros en estos dos años desde que nos detuvieron, torturaron y encarcelaron". Soto lamentó que en todo este tiempo "muchas personas no creyeron en nuestra inocencia y ahora se rasgan las vestiduras para decir que, efectivamente, no hemos sido nosotros, ya que tan inocentes somos ahora como lo éramos hace dos años", tiempo en el que confesó haberse sentido "como una marioneta".

Amaya Izco, abogada de los cuatro afectados, explicó a La Jornada que el origen del encarcelamiento de los cuatro navarros se basó exclusivamente en la declaración policial de Ainara Gorostiaga, quien "en su desesperación empezó a decir cosas, algunas que le impuso la policía y otras que ella misma se inventó, para que le dejaran en paz. Por eso firmó todo lo que quiso la Guardia Civil y lo que se le ocurrió en esos momentos de desesperación, pero cuando la llevan ante el juez, sin asistencia legal, ella le dice que no hay nada de cierto en esa declaración y que ha sido obtenida contra su voluntad y por medio de la tortura y el maltrato".

La abogada explicó que sus defendidos "sufrieron de todo; golpes, vejaciones, amenazas, los envolvieron en mantas, les quitaron la ropa, los mantuvieron descalzos mucho tiempo y les dijeron barbaridades contra ellos y sus familias". Izco añadió que a pesar de las denuncias y la fragilidad de las pruebas en su contra, el juez justificó la prisión ante la supuesta "gravedad de los hechos".

La historia de estos cuatro jóvenes navarros desató la indignación y las críticas de diversas formaciones políticas del País Vasco, entre ellas la del propio consejero de Justicia del gobierno autonómico, Joseba Azkarraga, quien reclamó la "suspensión cautelar" del juez Garzón por su actuación en este proceso, al tiempo que pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una "investigación a fondo" de este caso.

El consejero vasco calificó al juez Garzón de ser un "peligro para la credibilidad de la justicia". Jone Goirizelaia, parlamentaria de la izquierda abertzale y prestigiosa abogada, criticó la legislación antiterrorista española al considerar que "no sirve para erradicar este tipo de prácticas de tortura", ya que se niega "al detenido que se le reconozca el derecho de contar con un abogado y un médico de confianza". Goirizelaia añadió que "la tortura es posible porque en el Estado español existe una legislación que permite que esto suceda".